Hablando de Inclusión. Seguimos en 1985.

Los alumnos con diversidad funcional se encuentran escolarizados en los centros ordinarios desde mediados de los 80s. Lo que entonces se llamó integración fue una puerta abierta a la esperanza de estos alumnos que hasta ese momento se encontraban recluidos en sus centros específicos sin contacto con la sociedad que en el futuro los debería acoger.

Después de la Integración vino la Inclusión, si antes era el alumno el que debía integrarse con la inclusión es el sistema el que debe emplear todos sus recursos para incluir a este alumnado.

Pero la inclusión va mas allá, este concepto no se refiere únicamente al alumnado con Diversidad Funcional. Hoy día entendemos que todos somos diversos y por lo tanto todos debemos ser incluidos. No cabe pues hacer diferenciaciones que solamente llevan a la segregación.

Parece que la Comunidad de Madrid no es capaz de asimilar el concepto y se ha quedado anclada en 1985 como lo demuestra La Ley Maestra que está a punto de promulgar.

De esto va el articulo de Paz Rodriguez del Rincón que puedes ver en el siguiente enlace

https://www.eldiario.es/129_829d13?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp

La financiación de la atención a la dependencia

En el año 2006 se publicó La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
En 2020 el Gobierno asignó 1.309 millones de euros para la aplicación de la ley, la cantidad más pequeña desde el comienzo de su aplicación.
En 2020, la aportación del Estado a la dependencia, no solo fue la más baja de la historia, sino que el dinero previsto era tan escaso que resultó imposible cumplir mínimamente sus objetivos sociales e igualitarios, a pesar de que la propia ley especificaba que la financiación de la dependencia, debía ser sufragada, a partes iguales, por el Estado y por las Comunidades Autónomas.
En 2020 las Comunidades pusieron 7.517 millones de euros y el Gobierno 1.309 millones.
Los datos no dejan lugar a que se puedan producir malentendidos o equivocaciones .
Por su parte , las CCAA aportaron cifras muy diferentes, pero los porcentajes resultan inequivocos: 15,6% por parte del Estado, y un 84,4% a cargo de las Autonomias.
A esta situación se ha llegado, porque el Partido Popular en 2012, acordó destinar cada año menos dinero para la financiación de esta ley, y aumentar los mal llamados «Copagos», que son en realidad un «Repago» por los Servicios.
Así se ha llegado al año 2020 con un recorte de 6.000 millones de euros.
En los presupuestos de 2021 el actual Gobierno ha aumentado su aportación en 623 millones, muy lejos de la aportación que tenían que haber hecho.
El daño que se ha hecho a las personas en situacion de dependencia ha sido enorme.
En 2020 fallecieron 55.375 personas en las listas de espera para la atención de la dependencia.
21.005 personas pendientes de resolución.
34.370 personas sin haber podido ejercer sus derechos derivados por ser personas en situación de dependencia.
En esta ley entran recursos para niños con diversidad funcional desde su nacimiento, enfermos crónicos, personas mayores y que además, no saben que tienen derecho y acceso a ellos.
Esta situación es absolutamente incompatible con una sociedad desarrollada como la nuestra.
¿Va el Gobierno en los presupuestos de 2022 a aumentar considerablemente su aportación?
¿O va a mirar para otro lado olvidando como se encuentran las personas en situación de dependencia?

UPLA. La unión de plataformas en defensa de los servicios sociales y la diversidad.

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