Un problema de mala suerte
Nadie, en su sano juicio, habría podido suponer que a comienzos de septiembre la situación de la pandemia existente podía llegar a parecerse tanto a la que sufríamos en los inicios de marzo.
Todos suponíamos que los errores cometidos serían rápidamente subsanados, una vez que se pudieran descartar excusas como el desconocimiento del virus o el hecho de haber sido cogidos de improviso. En las nuevas circunstancias, carecería de sentido hablar de la falta de equipamiento suficiente y adecuado para todo el personal sanitario, ni tendría sentido plantearse que se pudieran reproducir las circunstancias que desembocaron en el colapso de la atención primaria y el bloqueo de las UCIS.
Pues nada más lejos de la realidad, simplemente con un cambio de palabras se reproduce casi miméticamente la situación anterior.
Desventuradamente ahora ya está claro que estamos a la cabeza de los que peor situación tienen respecto a la pandemia y es evidente que no puede ser una casualidad.
Cuando se ha tratado de buscar las razones de la situación en la que nos encontramos, algunos dirigentes- muy especialmente los de la Comunidad de Madrid- han hablado de ensañamiento y de búsqueda de culpables. Pero la realidad es muy distinta: la pandemia ha servido para dejar plenamente al descubierto que, sin los recortes que se han llevado a cabo en la sanidad y en la educación durante un decenio largo, nunca habríamos llegado a una situación como esa. Si no se recupera lo perdido tras los recortes, ni cambia la filosofía de los dirigentes de la comunidad de Madrid, estaremos dando permanentemente vueltas a la noria y volveremos una y otra vez al punto de partida.
Durante la pandemia y hasta el día de hoy, el ejecutivo de Isabel Diaz Ayuso ha seguido derivando fondos a la sanidad privada y los casos de Ribera salud y Quirón son suficientemente evidentes.
Punto aparte ha sido la nefasta gestión del Servicio de Atención a Domicilio, en manos de las correspondientes empresas del sector, donde la escasez de medios y la mala gestión han perjudicado tanto los usuarios como a las trabajadoras.
Algo similar ha ocurrido con los rastreadores.: se comprometieron a alcanzar una ratio equivalente a la aceptada internacionalmente, pero, independientemente de haber retrasado, injustificadamente, su puesta en marcha incumplió nuevamente su palabra, intentando la contratación de universitarios de forma gratuita y, posteriormente contratando a empresas privadas y, finalmente planteando la posible incorporación de rastreadores militares.
Podríamos seguir poniendo ejemplos como la ratio profesor/alumno en la enseñanza, la gestión de las residencias de mayores etc., pero no se trata de buscar culpables -cualquiera podría encontrarlos utilizando los datos y un mínimo de sentido común – sino de ENTENDER las razones por las que nos encontramos en una situación tan extremadamente peligrosa.
Por si no existieran suficientes motivos, podemos, utilizar ejemplos de la máxima actualidad:
Las declaraciones de la presidenta de la CAM que nos informa que todos los escolares acabarán infectados al poco tiempo de iniciar las clases.
El otro es la citación a los profesores para llevar a cabo pruebas de PCR, previas al inicio del curso escolar.
La gestión no pudo ser más desastrosa, llegando a mentir públicamente para intentar culpabilizar a los profesores de su total y manifiesta incompetencia. Finalmente se vieron en la necesidad de anular la convocatoria. Al día siguiente se repitió la jugada, demostrando que se “podía” solucionar en Madrid centro, pero reiterando el planteamiento en el resto de la ciudad.
Tan “brillante gestión” puede ser realzada, aún más, con las medidas adoptadas por la presidenta de la comunidad, como la medicalización de los hoteles de los “amigos” y construir un nuevo IFEMA -esta vez en Barajas- que será, nos tememos, tan útil como el hospital anterior.
Todo este cúmulo de despropósitos pueden incluso hacer dudar, no solo de la capacidad y la competencia de sus responsables, sino incluso de su buena fe.
Quizá, por una vez, y sin que sirva de precedente- la máxima responsable de la CAM puede tener parte de razón cuando afirma que el problema de Madrid era que había tenido mala suerte. Pero es probable que el problema de la mala suerte- con mayor precisión- se haya cebado en los madrileños al haberse convertido en “súbditos” de la presidenta de la CAM.
Lo que resulta indiscutible es que, si continuamos con semejantes planteamientos, el resultado es tan perfectamente previsible como irreversible y eso es algo que no podemos consentir, ni tampoco nos podemos permitir.
9 de septiembre de 2020
Comandoporlopublico@gmail.com
COMANDO POR LO PÚBLICO nació porque creemos imprescindible denunciar lo injusto, la no equidad, la discriminación (tanto positiva como negativa) a la que lleva, inexorablemente, la privatización de lo público ¡Únete!
Vuelta segura a las aulas
¡Vuelve la Marea Verde!
Se acerca septiembre y la apertura de los centros educativos y el gobierno de la Comunidad de Madrid todavía no ha aprobado un protocolo claro que garantice el inicio de curso con medidas de seguridad frente a la COVID-19. Desde Marea Verde Madrid llevamos meses criticando la inacción del gobierno y pidiendo un aumento de recursos y medidas firmes para el inicio de curso. Ante esta situación de incertidumbre total, Marea Verde Madrid llama a una movilización el 5 de septiembre para asegurar una #VueltaSegura a las aulas.
Sigue leyendo «¡Vuelve la Marea Verde!»La Inclusión en la LOMLOE
El 28 de julio de 2.020 enviamos a todos los Diputados del Congreso nuestras propuestas educativas como UPLA LAUNIÓN, recogidas en este vídeo y en este escrito, sobre la nueva ley de educación LOMLOE, para que no permitan la segregación en la escolarización de los niños.
LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN Y LA INCLUSIÓN
Sr/Sra. Diputado/a
Nos dirigimos a usted por ser nuestro representante que va a participar en la elaboración y aprobación de la Nueva Ley de Educación LOMLOE
Se tienen que incluir en esta Ley propuestas que posibiliten una verdadera inclusión en las escuelas y espacios educativos.
No puede ser que cuando un niño con diversidad funcional comienza su escolarización, le hagan un psicodiagnóstico y un dictamen para ofrecerle apoyos. Este hecho conlleva una educación segregada dentro de la escuela ordinaria.
No puede ser que les hagan desfases curriculares, es decir, que repitan un curso de cero a seis años para que lleguen a la altura de una supuesta “normalidad” que no existe.
No puede ser que en Primaria, de seis a doce años, se reduzcan sus contenidos curriculares, tanto los sociales como los académicos porque piensan que no son capaces. Luego les hacen repetir dos veces en primaria.
No puede ser que les saquen de las aulas, dejando de estar con sus compañeros y les llevan a otros espacios, hecho que les etiqueta.
No han sido atendidos en su proceso de escolarización y siempre tiene la culpa el niño porque aluden a sus capacidades, nunca les parecen suficientes. Al final acaban en el ostracismo académico y social.
Desde UPLA LAUNIÓN proponemos que el marco legislativo sea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en el año 2.008
Han pasado doce años y seguimos sin cambios para la ejecución de dicha Convención.
Proponemos abordar un cambio metodológico a través del Diseño Universal de Aprendizaje, para que ningún niño sea diferenciado con materiales, contenidos o estar fuera de las aulas.
Docencia compartida en las aulas, es decir dos docentes para que puedan atender a todo el alumnado sin discriminar, ni señalar a ningún alumno como diferentes, diferentes somos todos.
Proponemos que se den los recursos adecuados para situaciones que lo requieran y de esa manera hacer posible su accesibilidad y normalización de cualquier situación.
En el artículo 73 de la LOMLOE, nueva ley de educación, vemos que sigue estigmatizando, con los términos niños con “necesidades educativas especiales, como si la inclusión fuera nada más que para alumnos con discapacidad.
De esta forma van a permanecer segregados, diferenciados y excluidos como hasta ahora sin formarse y sin titulación.
Serán trabajadores sin formación y sin titulación, no podrán acceder a un mercado laboral digno, y pasarán a engrosar las cuentas de centros especiales de empleo, siendo trabajadores mal pagados y personas no integradas en la sociedad.
Hoy en día, por ser ciego, por tener trisomía 21 (síndrome de Down), X frágil, síndrome de Williams, asperger, autismo, trastorno general del desarrollo o cualquier circunstancia como una situación económica vulnerable, determinadas inclinaciones sexuales, procedencia de otros países, estarán todos en clara desventaja si La Nueva Ley de Educación no cambia algunos artículos.
No podemos seguir así.
Hacemos un llamamiento a los diputados/as, para que se recojan estas propuestas en la nueva Ley de Educación.
Si no es así, la Inclusión Educativa, que es un derecho fundamental será vulnerado de nuevo.
Comisión Educación de UPLA
Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional.
www.uplalaunion.org
uplalaunion@gmail.com
La Inclusión en la LOMLOE
La UNIÓN, a través de este vídeo, solicita cambios en la LOMLOE de acuerdo con la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS y para no caer en errores de leyes anteriores.
Sanidad, Educación… y Universidades Privadas
La sanidad y la educación siempre han sido la piedra de toque a la hora de comprobar si lo que se pretendía hacer en España era implantar un modelo, en el que la consideración de servicio público resultaba prioritaria respecto a cualquier otra opción, o de lo que se trataba era de ir privatizando progresivamente los servicios públicos para sustituirlos por otros concertados, o directamente privados o privatizados.
Además, tenía la ventaja de que estábamos ante campos donde claramente se podían poner de manifiesto las verdaderas intenciones de los partidos, al igual que las de las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.
Desde la llegada al poder del PP, -que heredaba una sanidad bastante eficaz, básicamente pública, y que gozaba de notable prestigio- los intentos permanentes y reiterados de ir privatizando tanto la sanidad como la educación, no cesaron en ningún instante. Las razones eran evidentes: además de corresponderse mejor con sus postulados teóricos, lo que pretendía enmascarar semejante planteamiento era la clara preponderancia del negocio, por encima y al margen del servicio público.
Existe una gran cantidad de ejemplos, pero por razones de lógica y de coherencia, parece razonable centrarse en la Comunidad de Madrid, donde el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde hace 27 años, y siempre ha tenido la pretensión de que la legislación que tenía previsto aplicar en la capital de España, supusiera la punta de lanza de sus planteamientos y proyectos, y en muy escaso tiempo, fuera asumida por el mayor número posiblede comunidades autonómicas.
Cuando la crisis económica de 2008 contribuyó decisivamente al pinchazo de la burbuja del ladrillo, el PP se apresuró a buscar alternativas, tratando de derivar el negocio agotado hacia otros campos. Y los agraciados fueron prioritariamente la sanidad como la educación.
Cuando se aclaren las cosas -y no solamente para buscar culpables y deslindar responsabilidades tanto políticas y económicas, a las que habrá que añadir las judiciales si existieran- se irá poniendo al descubierto lo verdaderamente sucedido durante la crisis de la pandemia y las causas profundas de lo verdaderamente ocurrido.
¿Como resulta posible que “una de las mejores sanidades del mundo” quede totalmente bloqueada a las primeras de cambio ? ¿Como es posible que no existiera ni siquiera el material imprescindible, para que los sanitarios pudieran llevar a cabo su trabajo sin detrimento para su salud, en “una de las mejores sanidades del mundo”?
Los interrogantes a los que habrá que responder, son y serán muy numerosos, y no ha llegado todavía el momento adecuado para analizarlos con detenimiento, pero sí para exponer, a través de un ejemplo, cual ha sido el camino recorrido y las razones que llevaron a imponer semejante itinerario.
El resultado inevitablemente dejará al descubierto,con meridiana claridad, la incidencia que tuvieron los intentos -muchos de ellos coronados por el éxito- de privatización de dos de los grandes servicios públicos de este país, es decir la sanidad y la educación.
Bastaría recordar como el negocio del ladrillo fue sustituido por los negocios de la construcción de colegios-barracones, y completado con la gestión de las residencias de mayores. os resultados a que nos han llevado, están a la vista de todos.
Por más que se intente evitar, y ocultar las causas, la verdad necesariamente acabará por hacer su aparición.
Una noticia de actualidad da pie para, a través de un ejemplo obviamente pequeño, -pero a juicio de CUPUMA extraordinariamente significativo- y que tiene la ventaja de basarse en datos objetivos que difícilmente se pueden manipular sin acabar siendo desenmascarado.
Parte del dinero que se supone que llegará a nuestro país desde la Comunidad Europea, tiene destinatario fijo y de momento, las cifras que se barajan rondanlos 9000 millones de euros para sanidad y 2000millones para Educación.
Como la situación actual no permite determinados lujos, es altamente probable que el dinero para la sanidad no plantee problemas. A la vista de lo ocurrido,
– incluido el desmantelamiento de la atención primaria en Madrid para buscar publicidad con un hospital, perfectamente inútil en IFEMA- parece muy difícil que cualquier partido se exponga a defender recortes en sanidad.
Por el contrario, nos da la impresión de que no ocurrirá lo mismo en educación. La privatización de la Enseñanza va pareja a la consolidación del negocio de la educación. La trayectoria pasada y presente de ciertos partidos garantiza y permite asegurar que no se quedaran cruzados de manos.
Pero vayamos a los datos concretos. Si el persistente ataque al modelo de servicio público en la sanidad es el máximo responsable de lo ocurrido, es altamente probable que algo similar pueda ocurrir, en un plazo no muy lejano, con la Educación.
La universidad es una adecuada referencia porque las razones para defender su privatización, dejan rápidamente al descubierto que su consideración de negocio rentable, prima sobre cualquier otra opción.
El inefable ministro Wert decía -manipulando y falseando los datos- hace ya algunos años, que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un número importante de universidades privadas. Los datos son muy elocuentes:
– 1989, 5 públicas y 1 privada
– 1996, 6 públicas y 6 privadas
– 2018, 6 públicas y 8 privadas
– 2019, 6 públicas y 11 privadas
Es decir que en los últimos treinta años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad, mientras que las privadas se habían disparado con 10 más, demostrando claramente la falsedad de las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.
Ya nos hemos referido en otras ocasiones a la actuación de los teóricos representantes de las Universidades Públicas y cuál ha sido la actuación de los Rectores, por lo que en estos momentos parece congruente poner el acento sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar su duodécima Universidad Privada, con lo que, en la capital de España, las Universidad Privadas doblaran en número a las Universidades Públicas, con lo que en los últimos treinta años, “y siempre en aras de una mejor enseñanza universitaria”, las públicas habrán aumentado en una, mientras las privadas llegan a la docena, habiendo incrementado, en ese mismo tiempo, en 11 más.
Pero no deberíamos sorprendernos en exceso. Ya CUPUMA había afirmado -y publicado- que la Universidad Planeta De Agostini sería la siguiente universidad privada aprobada por la Comunidad de Madrid. Y todo hace suponer que, una vez mas, no se equivocará.
CUPUMA , 14 de Julio de 2020
La Inclusión en la Nueva Ley de Educación
El pasado seis de julio, UPLA LAUNIÓN ha tenido una reunión con Fátima Rodríguez Gómez, asesora de Isabel Celaá, ministra de Educación.
Se le han planteado propuestas sobre Inclusión, con el fin de que se incluyan en la nueva Ley de Educación.
Propuestas que promuevan un cambio político que posibilite una verdadera inclusión en las escuelas y espacios educativos.
Cuando un niño con diversidad funcional comienza su escolarización: le hacen un psicodiagnóstico y un dictamen para ofrecerle apoyos. Este hecho conlleva una educación segregada dentro de la escuela ordinaria.
Les hacen desfases curriculares, es decir, que repitan un curso de cero a seis años para que lleguen a la altura de una supuesta “normalidad” que no existe.
En primaria, de seis a doce años, reducen sus contenidos curriculares, tanto los sociales como los académicos porque piensan que no son capaces. Luego les hacen repetir dos veces en primaria.
No adquieren en la mayoría los conocimientos básicos.
Les sacan de las aulas, dejando de estar con sus compañeros y les llevan a otros espacios hecho que les etiqueta.
Tras estos obstáculos, alguno es capaz de llegar a secundaria, sin apenas conocimientos de casi nada.
No han sido atendidos en su proceso de escolarización y siempre tiene la culpa el niño porque aluden a sus capacidades, nunca les parecen suficientes.
La propuesta para acudir a un centro de educación especial es una presión constante para la familia.
Al final es el único recurso que les queda, enviándoles al ostracismo académico y social.
Desde UPLA LAUNIÓN proponemos que el marco legislativo sea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en el año 2.008
Han pasado doce años y seguimos sin cambios para la ejecución de dicha Convención.
Proponemos abordar un cambio metodológico a través del Diseño Universal de Aprendizaje, para que ningún niño sea diferenciado con materiales, contenidos o estar fuera de las aulas.
Docencia compartida en las aulas, es decir dos docentes para que puedan atender a todo el alumnado sin discriminar, ni señalar a ningún alumno como diferentes, diferentes somos todos.
Proponemos que se den los recursos adecuados para situaciones que lo requieran y de esa manera hacer posible su accesibilidad y normalización de cualquier situación.
En el artículo 73 de la LOMLOE, nueva ley de educación, vemos que sigue estigmatizando, con los términos niños con “necesidades educativas especiales, como si la inclusión fuera nada más que para alumnos con discapacidad.
De esta forma van a permanecer segregados, diferenciados y excluidos como hasta ahora sin formarse y sin titulación.
Serán trabajadores sin formación y sin titulación, no podrán acceder a un mercado laboral digno, y pasarán a engrosar las cuentas de centros especiales de empleo, siendo trabajadores mal pagados y personas no integradas en la sociedad.
Hoy en día, por ser ciego, por tener trisomía 21 (síndrome de Down), X frágil, síndrome de Williams, asperger, autismo, trastorno general del desarrollo o cualquier circunstancia como una situación económica vulnerable, determinadas inclinaciones sexuales, procedencia de otros países, estarán todos en clara desventaja si La Nueva Ley de Educación no cambia algunos artículos.
No podemos seguir así. Ser vulnerable es sinónimo de discriminación para esta Ley y por eso decimos basta.
La inclusión educativa es un derecho fundamental vulnerado de nuevo por esta Nueva Ley de Educación que se quiere aprobar.
Comisión Educación de UPLA. Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional.
www.uplalaunion.org
uplalaunion@gmail.com
¿Los abandonamos?
Miles de ancianos han muerto en las residencias o en sus hogares durante esta pandemia, sospechamos que en muchas ocasiones privados de sus derechos. En este debate analizaremos hasta que punto estos derechos han sido vulnerados.
Carta a la ministra Celaá
Mareas por la Educación Pública siguen marcando el camino para el inicio de Curso 2020/21 (Comunicado de MxEP. 14 de junio de 2020)
Desde Mareas por la Educación Pública queremos expresar nuestra indignación ante las instrucciones sobre el inicio del próximo curso del Ministerio de Educación y Formación Profesional acordadas con las Consejerías de las CCAA.