SOBRE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA CAM Y LOS RECTORES

2 ago. 2017 – Carlos Andradas y Cristina Cifuentes

 

La paralización provisional de la LEMES como consecuencia de que Rectores que integran  la CRUMA consideraban que la nueva ley autonómica madrileña suponía, tanto una intromisión en sus competencias, como un clarísimo intento de dirigismo que choca con la autonomía universitaria consagrada por la Constitución, dejó la ley en una situación extraña. La distancia que separaba ambas posturas era lo suficientemente grande como para pensar que no iba a resultar nada fácil una aproximación que permitiera encontrar una postura común.

Pero a la vez las dos partes se jugaban mucho, entre otras cosas afianzarse ambas como únicas voces dignas de ser escuchadas y atendidas, así como la defensa de un modelo de Universidad, muy similar en numerosos aspectos, pese a que, en ocasiones, las apariencias o las hipócritas declaraciones, enmascarasen la defensa común de numerosos intereses compartidos, lo cual es compatible con que, puntualmente, existieran discrepancias obvias, que responden, frecuentemente, a descarnadas luchas de poder.

Los hechos parecen demostrar que la CAM tiene un enorme interés – y al parecer también una notable urgencia- por llegar a un acuerdo que haga “viable” la ley, lo que supone que está dispuesta a transigir en temas cruciales y sustanciales que, a priori, dificultaban enormemente la posibilidad de acuerdo.

A lo largo del verano parece ser que se han llevado a cabo reuniones entre representantes de la CAM y los rectores-individualmente o/y en grupo- para tratar de limar los desacuerdos y acercar posturas. La idea inicial era tener listo un texto alternativo para finales de agosto, para que las previsibles protestas de gran parte de la comunidad universitaria -que una vez más ha sido excluida- pudieran minimizarse aprovechando las vacaciones veraniegas.

Pero los intereses defendidos estaban tan alejados que, a pesar de la voluntad entreguista de la CAM, las negociaciones han ido avanzando lenta y trabajosamente.

Remitimos al anterior comunicado de CUPUMA en que se analizaba con amplitud y precisión tanto los desacuerdos como la magnitud de las discrepancias. Con las debidas cautelas a las que obligan unas negociaciones todavía en curso, habría que precisar que los “progresos“ no son homogéneos, y como la CAM está dispuesta a olvidarse de la reforma del Consejo Social, y acepta la exclusión de las Universidades Privadas de la, ya de por sí, muy exigua financiación pública, en esos temas parece que el acuerdo está muy cercano o prácticamente cerrado.

En este tema de las privadas hay que resaltar que las informaciones habría que calificarlas, como mínimo de contradictorias. El día 1 de septiembre se publica en el Bocm ayudas destinadas a la “atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid”. Especificando los que pueden ser posibles beneficiarios dice textualmente “las Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS) así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.” Esto coincide con la actual redacción de la LEMES y parece desmentir tajantemente las reiteradas afirmaciones de la CAM que con dinero público no se financiarían entidades privadas.

Hace escasas fechas CUPUMA afirmaba estar convencida de que lo único que importaba a la CAM era el acuerdo con los rectores, ignorando al resto de la comunidad universitaria, y que por eso siguió adelante con la LEMES, pese a que la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime, e incluía igualmente a rectores de las privadas.

Sin embargo, la financiación general del “espacio madrileño de educación superior” está suponiendo un escollo mucho más difícil de salvar. El tema es crucial, de enorme entidad, con numerosas ramificaciones y que, para resolverse mínimamente, requiere de un dinero que el Gobierno parece dispuesto a destinar a las eléctricas, a Defensa, o a rescatar autopistas, pero en modo alguno asignar a Educación.

Los problemas de financiación en la enseñanza pública vienen de lejos. En lo que respecta a las Universidades Públicas, en el momento actual, la CAM dedica 192 millones de euros menos que cuando comenzaron los recortes, lo cual precisa y cuantifica las dimensiones de la asfixia económica a la que han estado- y aún siguen- sometidas.

Como a estas alturas nadie ignora, la financiación, sobre todo si va acompañada de una adecuada voluntad de intervencionismo, es uno de los medios más eficaces para “convencer” a los receptores del dinero de cuál es la forma más “útil y adecuada “de gastarlo.

Si siempre la financiación es decisiva, la existencia de importantes restricciones económicas, hace que el reparto del dinero se convierta en una -o en numerosas ocasiones, la- baza fundamental para que las Universidades Públicas decidan “aceptar” las “sugerencias” de la CAM, si es que tienen la desmedida pretensión de sobrevivir.

Los redactores de la ley son extremadamente conscientes de las consecuencias de lo que defienden y tratan de imponer: “La financiación pública del sistema universitario se canaliza a través de unas aportaciones que cubran las necesidades básicas de las universidades públicas; y dos fórmulas de financiación variable, mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos de la ley.” [1]

Es fácil comprobar cómo se evita cuidadosamente especificar en qué consisten esas necesidades básicas, y se reconoce que la financiación a través de 1) “contratos programas” y 2) “convocatorias competitivas o de incentivos” abiertas -al menos por el momento- a las universidades privadas, tiene como finalidad señalar y marcar el camino que la CAM pretende imponer a las universidades, por medio de ”la aplicación voluntaria y controlada de las medidas propuestas por CAM”, lo que representa una evidente y explicita intervención en el funcionamiento de las universidades, que lógicamente supone un gravísimo riesgo para la existencia misma de la autonomía de las Universidades Públicas.
En lógica prolongación de la defensa de sus intereses, los rectores tratan de minimizar su dependencia con la CAM, reclamando compromisos de financiación mediante convenios plurianuales, y tratando de que la Comunidad explicite y cuantifique las llamadas “necesidades básicas de las Universidades Públicas”. Y todo hace suponer que ahí puede residir la mayor fuente de discrepancias y desacuerdos entre ambas partes, porque dada la no prioridad que tiene la enseñanza para el gobierno de Mariano Rajoy, afrontar esos problemas implicaría necesariamente al ministerio de Montoro. En este punto,  el gobierno de Cifuentes, cuyo interés por la educación es puramente coyuntural e instrumental, parece que no va a encontrar excesivas facilidades para alcanzar ese objetivo.

La más inmediata y evidente conclusión que se desprende del actual proyecto de la LEMES es que consolida los recortes y las pérdidas humanas y materiales de los últimos ocho años. Si no se cuenta con una adecuada y sustancial subida presupuestaria, ¿cómo se va modernizar el EMES, si el propio articulado de la LEMES prevé que precisa un notabilísimo incremento del gasto?

Si cerráramos en este punto nuestro análisis, obviaríamos uno de los problemas cruciales que gravitan sobre la LEMES. Incluso en el hipotético -pero perfectamente posible- caso de que el texto actual fuera sustituido por uno que satisficiera los intereses de CRUMA y CAM, subsistiría un tema capital sin resolver, que a su vez implica muchas e importantes derivaciones.

En todo el proceso -y muy especialmente en estas últimas negociaciones-ha quedado meridianamente claro que la CAM y los rectores son los únicos que se consideran representantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto que están habilitados en exclusiva para negociar.

Además de un tema sustancial de procedimiento, que proviene, de la defensa de un modelo gerencial de la Universidad Pública, semejante concepción – compartida por CAM y Rectores – supone igualmente que algunos de los problemas fundamentales, apenas tienen importancia ni cabida, ni en la LEMES, ni en la negociación del nuevo proyecto de ley. Eso explicaría el escaso interés que suscita en los “altos” negociadores algunos de los problemas clave de la Universidad Pública.

Resulta extraordinariamente significativo, a la vez que esclarecedor, que temas de excepcional trascendencia como los perjuicios causados por los recortes en la calidad de la enseñanza, la reducción de personal tanto en PDI como en PAS, las demenciales subidas de las tasas, y reducción de becas que han provocado la exclusión de más de 100.000 estudiantes universitarios, la discusión del modelo de lo que debe ser fundamentalmente una universidad pública, si un servicio público o un negocio rentable, sin olvidarnos de la monstruosa precariedad laboral que lastra como una losa cualquier posible mejora de la universidad, la manipulación tramposa, y muy posiblemente fraudulenta, de las figuras de asociados y visitantes  que ha sido utilizada sin escrúpulos  tanto por las Universidades como por la propia CAM, etc., etc.

Renunciamos a hacer un listado completo -valgan los anteriormente citados como ejemplos -porque sería interminable, pero conviene recordar que la amenaza que se cierne sobre las Universidades Públicas reviste tales dimensiones  que llevó, en  este final de curso a que todos los estamentos, -PDI, PAS y estudiantes -en representación de la comunidad Universitaria, y numerosas asociaciones relacionadas con la enseñanza, con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, en representación de la sociedad civil, firmaran un “ manifiesto contra el proyecto de ley del espacio de educación superior de la comunidad de Madrid  (LEMES)” exigiendo-entre otras cosas “ la elaboración de una ley que se construya junto a la comunidad educativa, garantizando unas condiciones laborales dignas para todo el personal laboral”.

La alergia reiterada a todo lo que lejanamente huela a trasparencia, hace factible -y lo que es más grave, posible- que en breve plazo de tiempo nos encontremos con una redacción de la LEMES, “consensuada “-por CAM y CRUMA- con similares problemas a los planteados por la anterior redacción rechazada, y de la que no sería nada extraño que fuésemos los últimos en enterarnos.

Si esto sucede existen dos opciones:

1) Ser coherentes con lo que firmamos y afirmamos en el manifiesto, y luchar contra una ley que puede suponer el inicio del fin de un modelo de Universidad Pública al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

2) Abdicar de nuestros derechos y obligaciones, aceptando un modelo de Universidad Pública Gerencial al servicio de las empresas, que constituya prioritariamente un atractivo negocio económico, contribuyendo a que la Universidad sea un elemento decisivo en el progresivo aumento de la desigualdad en la sociedad española.

CUPUMA, 5 de septiembre de 2017

www.cupuma.org

Twitter: @cupumad

[1] El texto lo pone la LEMES; la negrita, CUPUMA

[2] Las negritas están incorporadas por CUPUMA.

Documento de bases para una nueva Ley de Educación

Redes por una nueva política educativa

Las Redes por una nueva política educativa están formadas por las siguientes organizaciones:

Colectivos Sociales:

Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por los colectivos y plataformas: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro de Sevilla/Por otra política educativa, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat y Yo Estudié en la Pública.

Sindicatos de Estudiantes:

Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres:

Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales:

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación STEs-intersindical y CGT Confederal

Partidos Políticos:

Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.

Documento de bases para una nueva Ley de Educación – Click aquí

La puntilla

La situación de la Educación en España no puede ser más crítica. La coincidencia de las medidas privatizadores del Gobierno del PP con la política económica de Bruselas y Madrid de recortes y austeridad, ha llevado a una progresiva asfixia del modelo de la Educación Pública que con grandes dificultades sobrevivía en los últimos tiempos.
A pesar de los intentos permanentes de engañar a los ciudadanos y la enorme cantidad de eufemismos que se empeñan en  utilizar cotidianamente para enmascarar la verdad, las cifras no mienten: España gasta el 3,9 % en Educación y la media europea es del 6,2%, un 60% más.

Como existía una posibilidad razonable de que pudieran perder el poder en breve tiempo, el PP decidió “agilizar los trámites”. La LOMCE y la proyectada ley de Universidades de la CAM son algunos de los frutos de ese temor, lo que ha conducido a que empeorara una situación, ya de por sí, catastrófica.

A la perdida brutal y progresiva de la calidad de la enseñanza, la precarización del profesorado, la subida de tasas, recorte de becas, despidos de directores, disminución de la democracia, se ha sumado la enorme confusión provocada por la aplicación de la LOMCE con la implantación de las reválidas, etc., etc., etc.

Semejante situación unida a la inminencia de una nueva legislatura presidida una vez más por Rajoy, hace que la perspectiva resulte literalmente aterradora y que quizá suponga la puntilla para la existencia de una verdadera Educación Pública.

La única posibilidad de que esto no se convierta en realidad cruenta es lograr la unidad de todos los que estamos a favor de la Educación Pública. Y el miércoles 26 hay planteada una huelga y una gran cantidad de manifestaciones para dejar constancia de nuestro desacuerdo con semejante hoja de ruta.

Esperamos contar con tu imprescindible colaboración.

Comunicado de CUPUMA: Se confirma “El asalto Final”

 

 

Hay un dicho popular que asegura que las mentiras tienen las patas cortas. En este país, donde demasiados datos pueden hacer pensar que desafortunadamente eso solo se cumple en muy escasas oportunidades, hay ocasiones en que la verdad se cuela por las rendijas, dejando a la intemperie, y sin protección a los profesionales del disimulo, de las medias verdades, del eufemismo, y en (numerosas) ocasiones del falseamiento puro y duro de los hechos.

 

La airada y desproporcionada reacción de que hicieron gala, tanto desde el Rectorado de la UCM, como en la consejería de Educación de la CAM, ante el último comunicado “El asalto final” de CUPUMA, suponía un síntoma evidente de que nos habíamos acercado peligrosamente a la realidad tanto en nuestras certezas, como en nuestras -bien fundadas- suposiciones y conclusiones. Los datos han venido a darnos la razón pese al escaso tiempo transcurrido. A finales del mes pasado, la CAM empezó a distribuir su borrador de la ley de Universidades [1], con cuentagotas que –en oposición a la política de opacidad de los de siempre- nosotros hemos querido adjuntar al presente documento. Finalmente “el borrador que nunca existió” apareció y era real.

 

Su difusión ha servido para poner de manifiesto algunas “inexactitudes” en la versión previa de los hechos que habían mantenido algunos de los afectados. Para empezar la CAM desmiente la versión del Rector, y confirma la de CUPUMA:” Para el estudio de las líneas de reforma de la educación superior la Consejería de Educación, Juventud y Deporte pidió la colaboración de las universidades madrileñas, a través de los representantes que estas designaron, así como de distintos expertos y representantes de los estudiantes, a los que convocó para contrastar su parecer en diversas sesiones celebradas entre los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016”.

 

Pero eso no es todo: En una entrevista publicada el pasado día 2 de Julio[2],- cuando ya hasta CUPUMA tenía en sus manos desde días antes el borrador de la nueva ley -, el Rector Andradas, inasequible al desaliento, respondía impertérrito a la pregunta:

 

“-La Comunidad de Madrid debe estar a punto de sacar el borrador de la nueva ley de universidades de la región. ¿Qué sabe de él?

 

-No creo que estén a punto de sacarlo, en ese caso algo nos habría llegado. Solo sabemos que la Dirección General de Universidades hizo reuniones a las que nos invitó. A algunas enviamos personas y a otras no porque teníamos nuestras diferencias con la universidades en cuanto a presupuestos, y les dijimos que mientras no se resolvieran determinadas cosas no acudiríamos a reuniones oficiales.”

 

¿Qué cabría decir ahora del rotundo “No hay negociación” con el que el Rector pretendía descalificar a CUPUMA.?

 

CUPUMA se siente en la obligación de expresar su más rotundo desacuerdo con un texto- que el Consejero pretende tener cerrado a finales de año- que supone la confirmación del asalto final. Una ley que si consigue llevar a buen término sus pretensiones supondrá un golpe mortal para lo que se entiende -y entendemos- por Universidad Pública, y que reducirá a su mínima expresión tanto la democracia como la autonomía de las Universidades, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, como un Derecho Fundamental.

 

Que este proyecto de ley-como los últimos decretos- se conozca en pleno mes de Julio enlaza con la convicción franquista de que las leyes conflictivas en educación hay que plantearlas en época de vacaciones, y el PP siempre se ha distinguido por ser un fiel seguidor de aquellas “costumbres” que han demostrado su utilidad en el pasado.

 

La actual situación política del país, ha llevado al PP a la convicción de que será muy difícil que pueda volver a gobernar en solitario en España, y por tanto resulta apremiante llegar lo más lejos posible en la planificada privatización de lo público y profundizar en la acelerada trasformación de la educación en terreno abonado para el saqueo de unos pocos y en un próspero negocio para  financiadores y “amigos”.

 

El proyecto, con claras muestras de haber sido retocado  apresuradamente, está repleto de aparentes contradicciones. Por ejemplo, aboga por la participación de todos, pero deja claro que tanto en su concepción, como en su futura concreción no ha contado -y no piensa contar- más que con unos pocos – y muy cuidadosamente elegidos –privilegiados “colaboradores”.

 

El rechazo de CUPUMA obedece a un doble motivo. De una parte por razones de procedimiento, y de otra por desacuerdo radical con su contenido. Siempre hemos sido partidarios de un proceso participativo, y por tanto contrarios a un simulacro con apariencia participativa. Resulta muy fácilmente detectable la herencia franquista en la utilización de las vacaciones, que garantiza tanto escasa difusión, como  muy poca -y nada organizada- participación, descartando definitivamente un proceso participativo, ordenado y con verdaderas garantías.

 

Respecto al contenido, CUPUMA se compromete –y pide a todos los interesados que colaboren con su aportación- a enviar en el plazo de un par de semanas un análisis pormenorizado de los contenidos del texto, que contribuya a clarificar sus objetivos, y favorezca la obligada discusión, con la presencia de todos los estamentos, estudiantes, PAS, y PDI.

 

Resulta imprescindible que en los primeros días de septiembre, entre tod@s decidamos sobre la manera más idónea y eficaz de defender  la Universidad Pública, no ya de presuntas amenazas futuras, sino de ataques presentes y asaltos reales e inminentes.

__________________

[1]  Nos parece contribuir a la desinformación utilizar el pomposo, falso  y eufemístico título que le da la CAM: La Modernización Del Espacio Madrileño De Enseñanza Superior.

[2]  http://www.eldiario.es/sociedad/reforma-UCM-titulaciones-puestos-trabajo_0_531597648.html

 

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)

En http://www.cupuma.org/ puedes encontrar:

  • Un comunicado de algunos profesores de las universidades de Madrid.

  • Borrador: LA MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR.

Interinos e interinas con precariedad laboral perpetuada desde la Administración

Interinas e interinos de la enseñanza pública son mano de obra barata que gira en la “rueda de la precariedad” desde hace décadas. El Gobierno tiene la obligación de velar que se cumpla la ley y que no se genere “precariedad” en ningún ámbito público o privado, pero es el propio Gobierno, el mayor generador de la misma y quien incumple la ley y menosprecia al trabajador.

El acceso a la docencia es por concurso-oposición, pero proliferan las ilegalidades e irregularidades:

  • Aprobar no garantiza la plaza y no exime de examinarse una y otra vez.

 

  • Las reglas del juego son modificadas cambian continuamente, ya que el baremo se cambia sin sentido alguno, de modo que lo que un año es requisito imprescindible, al siguiente no vale nada.

 

  • Los procesos carecen absolutamente de transparencia, y  aunque es obligatorio que se conozcan previamente los “criterios de evaluación”este requisito se incumple continuamente.

 

  • La ley 30/1992, la Orden 1285/1999, y normas específicas de cada Comunidad Autónoma, reconocen el “derecho del opositor a defensa y consulta de sus exámenes” y establece plazos de reclamación y subsanación. Se producen con frecuencia casos donde a los opositores, a pesar de solicitar la revisión de sus exámenes, para su revisión, no se les ha permitido verlos.

 

  • Se convocan oposiciones con masificación de aspirantes y escasez de plazas. Ejemplo: Madrid, maestros en 2015, casi 23.000 aspirantes, 580 plazas para 7 especialidades. (Por ejemplo, en primaria había 4.843 aspirantes, 50 plazas y 81 tribunales. Es decir, 0,61 plazas por Tribunal). Sin embargo solo en el primer llamamiento de interinos que hizo la Consejería de Educación de la CAM para el curso 2015/16 se cito a 5.023 personas

Respecto a la contratación de personal interino, igualmente se producen incontables irregularidades que afectan tanto a la formación de listas, los llamamientos, y  las adjudicaciones.

Irregularidades que se cometen en la contratación:

  • La Ley RECONOCE Y EXIGE, igualdad laboral y económica entre funcionarios e interinos: los interinos no cobran trienios, sexenios, meses de verano, según la Comunidad Autónoma.

 

  • No se reconocen títulos oficiales otorgados por Universidades Públicas Españolas, mientras se exigen títulos de Universidades y Academias privadas cuyo coste oscila entre 4.800 a 6.000 euros.

 

  • Un título como “Magisterio Lengua Extranjera Inglés” que permite acceder a puestos de maestros bilingües en EEUU, Irlanda, Escocia, etc, sin embargo, no lo permite en ciertas Autonomías como Madrid. Otra ironía, sirve en Seseña (Toledo), no en Valdemoro (Madrid). Mientras, se contrata a “Auxiliares de Conversación”, sin titulación con becas y convenios muy lucrativos para entidades privadas.

 

  •  En algunas Comunidades Autónomas se hacen contratos de 1/2, 1/3, 1/5,  de jornada. interrupción de contrato en puentes, vacaciones de Navidad, Semana Santa…, etc, para evitar pagar esos periodos.

 

  • Otro ejemplo de precariedad especialmente inaceptable es el de puestos en “Escuelas Públicas de Titularidad Española en el Exterior”.Tras acceder a un listado de interinos y cumplir múltiples requisitos, pueden ofrecerte una vacante o una sustitución, desde el Ministerio de Educación. En el caso de los interinos/as sin ayuda alguna de desplazamiento, vivienda, ni garantía de escolarizar allí a tus hij@s, y con un sueldo entre 1600-1700 euros. Un funcionario de carrera también opta a estas plazas por otro acceso pero, cuenta con ayudas de desplazamiento, ayuda para vivienda,  y garantía de escolarizar a sus hij@s en ese centro. Sueldo como funcionario de carrera, superior a 6000 euros/mes.

Profesores como los de “religión” de la escuela pública no sufren semejante maltrato y discriminación, tienen estabilidad, contratación indefinida y entran sin oposición, puesto que son designados por la Conferencia Episcopal. Estos profesores son pagados con “dinero público”.

Estas ilegalidades e irregularidades se cometen en mayor o menor grado, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, independiente de que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista.

laeducacionpublica.es

Intervención de Asamblea Marea Verde en el Congreso

El 28 de abril Asamblea Marea Verde presentó el Documento para una Nueva Ley de Educación a los partidos del Congreso de los Diputados.

Nuestra premisa no puede ser otra que el Derecho a la Educación es un Derecho Universal y debe ser garantizado y preservado por los Poderes Públicos, y la sociedad en su conjunto. Por ello la política educativa es cosa de tod@s es “una política pública, y debe ser “discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”.  Por ello ahora el reto más importante a la hora de redactar un Proyecto de Ley, es desbordar una concepción restringida y rígida, y construir entre tod@s y para tod@s una nueva Ley Educativa, de manera que derive en una actividad colectiva,  abierta a la participación desde su concepción, que aborde su elaboración desde el cuestionamiento crítico del estado actual de la Educación.

 

Desde La Marea Verde entendemos que la estabilidad de la ley será posible si se habilitan vías para la participación de la sociedad y la comunidad educativa, para adaptarla de una manera realista, flexible y democrática a las micro-realidades sociales, culturales, ambientales, territoriales y se dota a la ley de mecanismos para ello.

 

Asimismo, deberá estar centrado en el alumno/a y su educación integral, desde una óptica radicalmente democrática. Una ley que no favorezca idearios particulares, intereses especulativos, o la financiación, con presupuesto público de modelos segregadores, bien al contrario sus principios deben ser guiados por los ideales inspiradores de nuestra Carta Constitucional, y recogidos en la Legislación Internacional, Declaración de derechos humanos y de la Infancia: igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación.

 

Pero sólo puede avanzarse en unas condiciones dignas, y por ello es preciso la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos vuestro compromiso y el compromiso de todos y todas por mejorarlo.

 

El derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, con sistema educativo garantizado por una red de centros públicos, así como la eliminación progresiva de los conciertos[i] educativos.

 

Entendemos que el sistema educativo debe compensar las desigualdades y que la finalidad de la Educación ha de ser el desarrollo integral de la persona a través de todas las inteligencias y capacidades individuales y colectivas frente al actual modelo mercantilista. Con desarrollos normativos y dotación presupuestaria  que permitan la gratuidad también de los materiales en todas las etapas educativas, becas, transporte y comedor, teniendo especial relevancia en el contexto rural.

Para ver la intervención completa, click aquí.

Marea Verde – http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/