En defensa de las Universidades Públicas

Universidad de Salamanca

EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid se reunieron en un Acto el pasado 17 de abril, para resaltar la importancia de las mismas en nuestra sociedad.
Destacaron la adaptación de los diferentes estudios que se imparten y su oferta, a los cambios sociales y tecnológicos, la relevancia de la investigación en la Universidad, que supone el 70% de toda la investigación, y la transferencia tecnológica tan importante para el desarrollo de nuestras empresas.
Las Universidades Públicas son fundamentales para que todos los que tengan capacidades puedan acceder a sus estudios, independientemente de su capacidad económica y por tanto debe tenerse en cuenta en los precios de las matrículas universitarias, así como en las becas. Los préstamos privados no son la solución; son una carga y su implementación en los tiempos del denostado Ministro José Ignacio Wert en 2014, han sido un fiasco.
Nuestro país invierte en becas, medido en porcentaje de PIB, menos de la mitad de la media de los países de la Unión Europea. Además, si comparamos el gasto público en educación superior de España con la media de la UE, comprobaremos que el gasto medido en porcentaje del PIB está muy por debajo.
La inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17 por ciento del PIB. Es decir, nuestros máximos han estado por debajo de la media habitual de la OCDE y de la Unión Europea (1,26%).
El Presupuesto que la Comunidad de Madrid asigna a las Universidades Públicas es un 15% menor que en 2010. Con esta FINANCIACIÓN no se cubren los gastos de Personal, ni por supuesto los gastos de mantenimiento de infraestructuras, ni de nuevas necesidades, provocando un grave deterioro en el buen funcionamiento de estas Universidades.
La Comunidad de Madrid es la responsable de sus Universidades Públicas, por tanto su deber es vigilar su buen funcionamiento, la calidad de las mismas, y de que cumplan con su labor social encomendada.
Pero nuestra Comunidad, lleva una política totalmente contraria, haciendo que cada vez tengan peores condiciones en todo. El único crecimiento desmesurado que se ha producido es el de las universidades privadas, alentado por la estrategia de demolición de la educación pública. Madrid se ha convertido en la autonomía con más centros de estudios superiores privados de todo el Estado, con 13 centros universitarios privados ubicados en la región. Una cifra excesiva si se compara con el número de alumnos que realizan sus estudios en la comunidad, situado alrededor del 21%.
Está bien que los Rectores se reúnan en un acto no académico desde 2004, pero no pueden ser tan tibios y tenues en la defensa de sus Universidades. Deben ejercer el cargo con toda su responsabilidad y mayor contundencia, denunciando la política educativa (universitaria) de la Comunidad de Madrid para acabar con las Universidades Públicas.
Tienen que exigir una FINANCIACIÓN SUFICIENTE y acorde con el trabajo desarrollado en las Universidades Públicas y su repercusión en esta Comunidad.
Es necesario que los Rectores de las universidades Públicas madrileñas muevan todos los resortes para que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad.
CUPUMA Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid

Por una ley estatal de residencias

Una ley estatal de residencias es imprescindible como Marco Estatal de mínimos para garantizar la calidad de vida y los derechos de las personas mayores y dependientes que viven en estos centros. Dado que expertos y organizaciones coinciden en que el actual modelo de residencias está obsoleto, deshumanizado y no se adapta a las necesidades y preferencias de los usuarios. 
Algunos de los objetivos de una ley estatal de residencias son:
Reducir el tamaño de los centros y crear unidades de convivencia más pequeñas y personalizadas, donde los residentes puedan participar en la gestión de su vida cotidiana. 
Eliminar las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas. 
Aumentar el número y la cualificación de los profesionales que atienden a los residentes, así como mejorar sus condiciones laborales y formativas. 
Implicar a las familias y personas allegadas en el cuidado y el seguimiento de los residentes, así como respetar su voluntad y sus preferencias. 
Fomentar la atención domiciliaria y los centros de día como alternativas a la institucionalización, siempre que sea posible y deseado por las personas. 
Estos son algunos de los aspectos que se pretenden mejorar con una ley estatal de residencias, que aún está pendiente de consenso y desarrollo. 
Sé podría argumentar que una ley estatal es mejor que leyes autonómicas por las siguientes razones:
Una ley estatal garantiza la igualdad y la cohesión entre todas las comunidades autónomas, evitando posibles desigualdades o discriminaciones entre los residentes de diferentes territorios. 
Una ley estatal simplifica y unifica el marco normativo, facilitando su conocimiento y cumplimiento por parte de los ciudadanos y las administraciones. Además, evita posibles conflictos o duplicidades entre las normas estatales y autonómicas. 
Una ley estatal permite una mayor coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como entre estas últimas, favoreciendo la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.
UPLA LA UNIÓN