APARECEN LOS REFUERZOS

CUPUMA INFORMA:

05 DE DICIEMBRE DE 2017

Aprobación de la LEMES

La aprobación de la LEMES por parte del Consejo de Gobierno de la CAM y su remisión a la Asamblea ha supuesto el pistoletazo de salida para que comiencen los trámites para su aprobación y posterior aplicación.

En la actual situación que vive el país, cualquiera con un mínimo de sentido común, podría-y debería- pensar que no era el momento más idóneo para añadir tensión a la vida, la política, y la enseñanza española. Pero quizá sus responsables han pensado que convenía aprovechar lo sucedido en Cataluña, puesto que les podría proporcionar una cobertura beneficiosa, dificultando que el tema llegase a tener la adecuada repercusión en la opinión pública, y en los medios de comunicación, que siempre ha supuesto el temor principal, de un proyecto que se ha llevado a cabo a través de lo que podría denominarse  como una especie de  simulacro con apariencia participativa.

Hace ya muchos meses, en el comienzo de este proceso, CUPUMA explicitaba su postura:

“El rechazo de CUPUMA obedece a un doble motivo. De una parte, por razones de procedimiento, y de otra por desacuerdo radical con su contenido.”

A día de hoy, el diagnostico sigue siendo desventuradamente válido. Mientras CUPUMA siempre ha sido partidaria de un proceso participativo, la CAM ha tratado de cubrir el expediente, pero negándose en la casi totalidad de los casos, a la posibilidad real de que nadie interfiriera sus propósitos, lo que ha supuesto dejar insatisfechos a casi todos. El planteamiento era tan burdo, que resultó evidente que únicamente se han tenido en cuenta -obviamente en porcentajes notablemente diferentes, y únicamente cuando los Rectores amenazaron con oponerse a la LEMES- las opiniones de la CAM y la CRUMA.

La comunidad universitaria no existía, no contaba, e incluso con frecuencia se utilizaba su presencia en reuniones informativas, para incluir sus nombres -o sus siglas- entre los contribuyentes, sin, por supuesto, dar a conocer su desacuerdo con el contenido de la ley. Por otro lado, y aunque se han llevado a cabo algunas modificaciones de menor calado, que han limado algunas aristas en los planteamientos más lesivos para la supervivencia de las Universidades Públicas, no se ha producido ningún tipo de modificación esencial, que le aparte de su objetivo de imponer a cualquier precio un modelo de Universidad gerencial donde la competitividad y el rendimiento económico son los cimientos inamovibles de su estructura.

Lo que ha supuesto una novedad en las últimas fechas, ha sido que el grueso del ejército invasor, comandado por la CAM, ha recibido refuerzos desde el exterior, ante la perspectiva de que no llegase a buen puerto el tan anhelado y preparado asalto.

Como ya señalase CUPUMA, los pilares de la LEMES en su intento de abordaje a las Universidades Públicas se centraban en el control de lo que consideraba los elementos claves para que fuera eficaz el proyectado desembarco. Y estos eran fundamentalmente tres: financiación, profesorado y el, más a priori, más complicado: lograr, que, de forma simultánea y coordinada, se minimizasen y sustituyesen los órganos que aún mantienen restos de democracia y autonomía, a la vez que se potenciaban los menos democráticos entre los existentes.

AUSENCIA DE FINANCIACION

Desde que iniciara su andadura, el tema de la financiación ha sido clave en la LEMES. Por un lado, porque es evidente que gran parte de los problemas de las Universidades públicas tienen su origen en la asfixia voluntaria llevada a cabo por las CAs para cambiar el modelo de Universidad Pública, y de paso, favorecer a las privadas. Por otro, es indiscutible que la inversión pública es absolutamente esencial para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación superior de todos los ciudadanos.

Como de costumbre, los datos nos proporcionan información irrefutable sobre las verdaderas intenciones de los legisladores: Como ya señaló el Informe UEC en su edición 2015, la universidad pública española habría perdido, sólo en el período comprendido entre 2011 y 2012, 1.117 millones de euros de financiación neta.

En lo que respecta a la LEMES, se asegura que ha habido un cuarto borrador que prácticamente nadie de la comunidad educativa universitaria ha tenido oportunidad de consultar con algún detenimiento, y posteriormente, la intervención del Ministerio de Hacienda parece que ha sido notablemente relevante. En algún momento de la recta final del proceso, – se afirma que Montoro ha tenido bastante que ver- los “ajustes económicos” se han reproducido con especial intensidad e importancia. No disponemos, en este momento, de datos ni cifras fidedignas, pero existen indicios lo suficientemente significativos, como para temernos lo peor. Los Rectores -que se han dado por satisfechos con mantener el reparto y equilibrio de poderes en el Consejo Social, abandonando su amenaza de plante- parece que ahora andan divididos y molestos, a la vista de unas perspectivas de financiación tan magras y escuálidas, como insuficientes.

Hasta la versión de septiembre aparecía, en la exposición de motivos, pág. 17, el siguiente párrafo: ”es objetivo de la financiación de las universidades públicas madrileñas, el alcanzar un 1,22% del PIB de la CAM.” No se especificaban los motivos de la elección de ese porcentaje, pero se corresponde con la media de lo que invierten, en educación superior, los países de la OCDE. Si nuestro punto de referencia son los países de la OCDE, parece razonable que dispongamos de un presupuesto equivalente al que ellos disponen.

El problema es que 1,22% del PIB de la CAM se acerca a los 2.000 millones de euros y el presupuesto para educación superior en la actualidad apenas alcanza los 900 millones de euros, algo menos de la mitad. Solo se trata de una cifra de referencia, que carece de fuerza normativa, pero el hecho de que haya desaparecido hasta su sola mención, -para evitar pillarse los dedos- es indicativo de que las dificultades presupuestarias serán enormes, sobre todo teniendo en cuenta que la LEMES plantea unos gastos adicionales de notable envergadura, que nunca estuvo claro cómo se iban a sufragar.

El problema es que, sin financiación adecuada, la LEMES, o carece totalmente de sentido y viabilidad, o será en breve plazo el brazo ejecutor de una rápida desaparición de las universidades que no sean de “excelencia” a juicio de la CAM. Por si fuera poco, la insuficientemente aclarada financiación de las infraestructuras supone la perfecta guinda del pastel.

En semejantes condiciones todo aquello que conlleve un cierto gasto adicional, por mínimo que éste sea- está condenado a no ponerse en marcha jamás. El objetivo de que, con suerte, logremos alcanzar, en un plazo más o menos breve, un nivel equivalente al de 2011 -cuando aumentaron brutalmente las tasas y disminuyó la inversión pública- puede darnos una idea bastante aproximada del porvenir que nos aguarda.

En este punto aparecen dos subtemas que aparentemente no tienen excesiva relación con lo que nos ocupa. Pero como las apariencias engañan, un estudio más detenido y cuidadoso, demuestra que eso sólo se puede mantener si nos conformamos con un análisis superficial de los acontecimientos.

LA ANECA

El primero es la ANECA: “La ANECA es una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.”

El funcionamiento de la agencia de evaluación ha sido tan demencial, que parece inconcebible que haya podido sobrevivir pese a los desaguisados que ha perpetrado tan continua como reiteradamente. En muy poco tiempo la ANECA ha sido capaz de ponerse a la cabeza de todos males -corporativismo, amiguismo, enchufismo, incompetencia, etc., etc.- que tradicionalmente han aquejado a las universidades españolas.

El actual consejero de Educación de la CAM ha sido -y obviamente, no por casualidad- el anterior director de la ANECA. En 2014 cuando Rafael Van Grieken era el responsable de la agencia de evaluación, explicaba y defendía, con tanto descaro como rotundidad, los criterios “científicos” que se utilizaban en la ANECA:

“Para poder valorarlas, (…las aportaciones e investigaciones) desgraciadamente, hay que dejar de lado los contenidos, y fijarse, como le decía antes, en la editorial, que está detrás de la publicación…. (Es decir, que lo que se valora siempre es la vía en la que se publican los trabajos científicos) …. Sé que nos cuesta aceptar esto. Pero hay una correlación: las mejores editoriales van a querer publicar los mejores contenidos científicos. En eso nos basamos. Desde mi punto de vista, habría que compensarlo y de hecho tenemos alguna idea para modificar los criterios de evaluación del profesorado virando algo hacia los contenidos. Pero, actualmente, se hacen miles de valoraciones de profesores universitarios y se buscan vías que hagan más fácil la evaluación. (…) Esta pauta no es española, es mundial. Y esta pauta mundial dice que, en lugar de evaluar los contenidos, en esa primera valoración que realiza ANECA para acreditar los requisitos mínimos del profesorado que quiere acceder a plazas de funcionarios públicos, hay que valorar más la calidad de la vía de difusión, que el contenido del trabajo en sí.”   (1).

Valorar un trabajo científico, -sin llegar siquiera a tenerlo en ningún momento en las manos-, no por la calidad de su contenido, sino, única y exclusivamente, por la editorial que lo publica, es la mejor manera de dar por válida una monstruosidad desde el punto de vista científico, que solo tiene justificación a partir de la consideración de la arbitrariedad y la comodidad como criterios decisorios.

El pasado 1 de diciembre, el BOE publicó los nuevos criterios de valoración por parte de la ANECA. En teoría debería ser el resultado de una negociación con los sindicatos y la CRUE, para reformar los criterios de acreditación a Profesor Titular y a Catedrático de Universidad, pero la realidad demuestra -una vez más-  que estamos ante una nueva imposición.

Los criterios antiguos tuvieron que ser suspendidos ante la repulsa y el rechazo de la mayoría de las personas afectadas, que los calificaban de injustos y desproporcionados, pero los recientemente publicados, además de adolecer de idénticos defectos  que los precedentes, han suscitado una ola de  indignación entre el profesorado universitario que considera desproporcionadas, desorbitadas e inalcanzables, las nuevas condiciones de acreditación, y que en la actual situación por la que atraviesa la Universidad pública española, semejante planteamiento puede suponer decir adiós definitivamente a la ineludible necesidad de estabilidad del profesorado universitario, a la vez que contribuirá a  reforzar la precarización, y aplazar, sine die, la promoción del profesorado universitario.

Anteriormente se había producido un lamentable parón durante más de un año que se ha llevado a cabo sin la menor justificación, lo que evidentemente ha contribuido a colmar la paciencia del profesorado y a agravar el permanente desacuerdo con una agencia que acumula error tras error, y que es totalmente incapaz de corregir sus numerosas equivocaciones.

Uno de los casos más escandalosos y aberrantes, es el de las especialidades de Letras, ya que, como regla general, se siguen aplicando criterios y baremos copiados, establecidos por -y para- otras Universidades foráneas de características notablemente distintas, y en las escasas ocasiones en que se utilizan baremos más o menos autóctonos, éstos están concebidos para otras áreas que presentan características marcadamente distintas, tanto en lo referente a la investigación, como en lo que atañe a las publicaciones.

Por si no fuera suficiente, existe una total ausencia de transparencia en el nombramiento de los comités, cuyos integrantes, en numerosas ocasiones, incumplen, ellos mismos, los criterios que dicen aplicar a los demás, y su trabajo carece del menor control, ni parlamentario ni por parte de los Rectores. Una auténtica joya que “misteriosamente” cada vez aumenta su poder y sus atribuciones.

LA FUNDACION CYD

“La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) se constituyó a finales del año 2002 con el objetivo de dar respuesta a una serie de necesidades concretas de la universidad española. A partir de estos planteamientos, la misión de la Fundación CYD es analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España” (2). En verdad CYD es la Fundación del Banco de Santander, dirigida por Ana Botín, que colabora habitualmente con el Ministerio y la Comunidad, para encontrar el camino que debe llevar la Universidad española con objeto de que los bancos, y muy especialmente el Banco de Santander, resulten favorecidos. Además de sus informes anuales, es la principal impulsor y responsable de textos tan significativos y determinantes como el denominado Estrategia Universidad 2015.Hace escasas fechas, el CYD ha publicado su informe anual sobre la universidad española.

El texto es tan clarificador como inequívoco, pero tiene la ventaja -respecto a la LEMES- de que al tratarse de una empresa privada no necesita disimular sus verdaderas intenciones, por lo que sus planteamientos, propósitos y objetivos no están enmascarados.

El máximo responsable del texto ha tratado de resumir lo esencial de la publicación, en un artículo. Dos temas parecen preocuparle particularmente. Apoyándose y utilizando -una vez más- los presuntos malos resultados, en los rankings anglosajones, de la universidad española, se pregunta por las razones de semejante “fracaso”. Como no puede obviar la incidencia de la limitada e insuficiente financiación de las Universidades públicas, alude a ella, pero, a continuación, aclara:” Sin embargo cometeríamos, en mi opinión, un error notable si atribuyésemos exclusivamente a una mayor dotación de recursos públicos, la posibilidad de mejorar nuestra competitividad internacional.”

Y a continuación explicita los males que aquejan a la Universidad española y que impiden que encabece los rankings anglosajones: “Los países de nuestro entorno disponen, en general, de unas dotaciones presupuestarias superiores a las nuestras pero no es esta la única diferencia. Lo que también es común a todos ellos es que han llevado a cabo durante estas dos últimas décadas cambios muy notables en el modelo de regulación de sus universidades. En un estudio reciente promovido por la Fundación CYD, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas y la Cámara de España se pone de relieve que hay países como Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda, Francia y Portugal que han coincido en establecer en sus universidades un consejo de gobierno con presencia de personalidades externas a la propia universidad, reducido, y con capacidad de designar al Rector.

El Rector, además, tiene capacidad, en la mayoría de los países mencionados, de designar a los decanos facilitando así, el alineamiento del conjunto de la universidad a las prioridades estratégicas acordadas.”

Parece evidente que el tema del Gobierno -gobernanza lo denominaba Estrategia Universidad 2015- es una de las preocupaciones prioritarias de CYD. Y deja muy clara su solución. Acabar de una vez por todas con la elección democrática de los rectores, que deberían ser nombrados a dedo por un consejo de gobierno reducido con presencia de personalidades externas. Pero como se trata de facilitar por encima de todo, las prioridades estratégicas acordadas, sería muy conveniente que el Rector tuviera la capacidad para designar -igualmente a dedo, a los decanos.

El segundo tema que preocupa a CYD aparece a continuación:” Además, se ha producido una progresiva sustitución de un profesorado funcionario público por otro que es contratado laboralmente, con lo que la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos –captación, definición de la carrera académica y la política retributiva-ha aumentado muy notablemente”.

La pregunta pertinente que se impone es: ¿Qué relación tiene todo esto con la LEMES? Veamos. Parece bastante obvio que una de las formas de reducir la autonomía de las Universidades, es acabar, de una vez y para siempre, con las votaciones a Rector por parte de la comunidad universitaria. La cuestión es si la “sugerencia” de los “agentes económicos”, sobre una base tan rigurosa como la que supone argumentar que ya se ha utilizado en otros países, apostando explícitamente por una solución tan drástica como los nombramientos a dedo, tiene alguna posibilidad de ser impuesta a corto plazo, o tendrá que conformarse con un intento de ser implantada paulatinamente.

Pero lo que no parece discutible es que la propuesta, entra dentro, y va en la misma dirección de lo que CUPUMA denomina “control de los órganos de Gobierno por parte de la CAM”, utilizando la LEMES como instrumento. Igualmente, demuestra que los “agentes económicos” no sólo coinciden, sino que dan su explícito apoyo a la modificación del modelo de Universidades Públicas que propugnan. Dado que, históricamente, las sugerencias del Santander, siempre se han revelado como adelantos de la legislación gubernamental y autonómica, conviene que estemos preparados.

CUPUMA también se ha referido ya al control del profesorado, pero evidentemente el planteamiento es perfectamente aplicable al resto de estamentos, PAS y estudiantes. La CAM parece muy particularmente preocupada por el profesorado, y la LEMES le dedica numerosos artículos, todo lo contrario que a PAS y Estudiantes. A los primeros, apenas les confiere atención, y los estudiantes reciben, fundamentalmente, la consideración de clientes a los que hay que vender un producto. Como su número les convierte en potencialmente peligrosos, cuidan especialmente que los órganos de representación a los que tengan acceso sean siempre de carácter consultivo.

Por su parte el control del PAS es explícito en el artículo 93.3: “La Comunidad de Madrid fomentará, a través de los contratos programa, la selección, formación y especialización del personal de administración y servicios”. Es decir que otra vez más, la LEMES es partidaria de la contratación a dedo, y la Comunidad de Madrid pretende tener igualmente la potestad de contratar directamente a los PAS.

La “flexibilización” del profesorado es uno de los objetivos prioritarios, tanto de la LEMES, como de los planteamientos neoliberales. La precarización de cada vez mayor número de profesores contratados era bienvenida, pero el predominio del profesorado funcionario, hacía muy difícil conseguir una solución duradera, sobre todo si se trataba de encontrar una fórmula que fuera, a la vez, económicamente atractiva, y perdurable.

Tras el patinazo de intentar retomar para ello la denominación de profesores agregados, que se confirmó inequívocamente ilegal, la LEMES pretende utilizar la figura preexistente del profesor visitante, más tarde denominado “profesor visitante distinguido”. El objetivo era -y sigue siendo- conseguir una contratación a dedo, y que no tuviera que pasar los controles de los funcionarios. Como CUPUMA explicó (3), las dificultades eran notables, porque para poder conseguir sus objetivos, tenían que resolver dos problemas fundamentales y de distinta importancia:

1.- Por su sentido y sus características propias, la figura de profesor visitante es temporal, y es difícil que, manteniendo la denominación, pueda llegar a dejar de serlo. Quizá por ello han añadido lo de “distinguido”, pero de momento con la legislación actualmente en vigor -que muchas Universidades incumplen con absoluto descaro- la duración máxima del contrato de visitante no puede superar el 1+1.

2.- Para poder ser una verdadera alternativa a los funcionarios, los visitantes necesitan no solo que sus sueldos sean equiparables, algo que la LEMES ya prevé- art 83.4- sino que también en el tema de la estabilidad puedan ser equiparados a profesores permanentes. Pero para lograr la consideración de profesor permanente, actualmente resulta imprescindible la acreditación. Dejar ese tema en manos de la ANECA, seria extremadamente peligroso, primero porque la CAM perdería el control, y segundo, porque con su demostrada lentitud e incompetencia, dilatarían lo suficientemente el proceso como para convertirlo en inservible.

Para solucionar el problema Torralba y Van Greiken han previsto que la LEMES convierta la fundación Madrid+d en su ANECA autonómica, que poniendo en marcha una “acreditación exprés”, completara la cuadratura del círculo: permitir que la CAM contrate a dedo a los visitantes distinguidos, y que su ANECA autonómica, la fundación Madrid + d, les acredite rápida y cómodamente, por cinco años renovables, de tal forma que todo se quede en casa, alcanzando así las tan ansiadas flexibilización y equiparación con los funcionarios, a los que en un futuro no muy lejano pretenden sustituir y suplantar. Además, por el conocido procedimiento de remitir todas las especificaciones a un reglamento posterior, se consigue la ventaja adicional de no tener que dar explicaciones incómodas y molestas en la Asamblea de Madrid.

Es muy posible que ahora ya estemos en condiciones de apreciar, en toda su trascendencia, la casual coincidencia de criterios entre la LEMES y la Fundación CYD, que señalaba las innegables ventajas de sustituir cuanto antes “a los funcionarios por contratados, para mejorar la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos”.

Y  si somos lo suficientemente mal pensados puede plantearse incluso la posibilidad de que, dado que los efectos tanto del parón de trabajos de la ANECA, como del “extraño y sorprendente” endurecimiento abusivo de  los criterios para conseguir la acreditación, han supuesto -y van a suponer en el futuro- una disminución notable de funcionarios, ¿eso puede influir en que sea más rápida y más fácil esa progresiva desaparición del profesorado funcionario, que defienden con descaro los agentes económicos, y de forma más sibilina los responsables de la LEMES?.

Frente al grueso del ejército invasor de la LEMES, flanqueado a ambos lados por los refuerzos reclutados por ANECA -agenda de dependencia estatal- y la Fundación CYD -brazo ejecutor y avanzadilla de los agentes económicos-        ¿que nos podemos encontrar?

Si estamos firmemente decididos  a defender la Universidad pública al servicio de todos los ciudadanos, reivindicar el modelo de Universidad como servicio público, frente a una universidad gerencial que prioriza la rentabilidad económica, a colocar  la rentabilidad social muy por encima de la rentabilidad crematística, lograremos  aglutinar a la comunidad universitaria que, tras muchos años de desencuentro, ha logrado que en mayo pasado se organizara una Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, al que se han incorporado y adherido organizaciones como Marea Verde, sindicatos, partidos, agrupaciones ciudadanas, etc., con el objetivo común de ¡¡Paremos la LEMES!! (4), conscientes de que lo que está en juego es nuestro porvenir y el futuro de nuestro país.

Pero dado que como la razón está de nuestra parte, -aunque la CRUMA siga deshojando la margarita- si nos empeñamos de verdad hasta el final, es muy posible que este desigual enfrentamiento, pueda resolverse con un desenlace inesperado.

¡¡PAREMOS LA LEMES ENTRE TODOS!!

NOTAS:

( 1 )   Une libros nº 28 Primavera 2014 pág.. 10.

( 2 )   Copiado  de la presentación de la página  web de la fundación.

( 3 )  Comunicado de CUPUMA ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la LEMES? 27-6

(4) Página web: ParemosLaLEMES.es

SOBRE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA CAM Y LOS RECTORES

2 ago. 2017 – Carlos Andradas y Cristina Cifuentes

 

La paralización provisional de la LEMES como consecuencia de que Rectores que integran  la CRUMA consideraban que la nueva ley autonómica madrileña suponía, tanto una intromisión en sus competencias, como un clarísimo intento de dirigismo que choca con la autonomía universitaria consagrada por la Constitución, dejó la ley en una situación extraña. La distancia que separaba ambas posturas era lo suficientemente grande como para pensar que no iba a resultar nada fácil una aproximación que permitiera encontrar una postura común.

Pero a la vez las dos partes se jugaban mucho, entre otras cosas afianzarse ambas como únicas voces dignas de ser escuchadas y atendidas, así como la defensa de un modelo de Universidad, muy similar en numerosos aspectos, pese a que, en ocasiones, las apariencias o las hipócritas declaraciones, enmascarasen la defensa común de numerosos intereses compartidos, lo cual es compatible con que, puntualmente, existieran discrepancias obvias, que responden, frecuentemente, a descarnadas luchas de poder.

Los hechos parecen demostrar que la CAM tiene un enorme interés – y al parecer también una notable urgencia- por llegar a un acuerdo que haga “viable” la ley, lo que supone que está dispuesta a transigir en temas cruciales y sustanciales que, a priori, dificultaban enormemente la posibilidad de acuerdo.

A lo largo del verano parece ser que se han llevado a cabo reuniones entre representantes de la CAM y los rectores-individualmente o/y en grupo- para tratar de limar los desacuerdos y acercar posturas. La idea inicial era tener listo un texto alternativo para finales de agosto, para que las previsibles protestas de gran parte de la comunidad universitaria -que una vez más ha sido excluida- pudieran minimizarse aprovechando las vacaciones veraniegas.

Pero los intereses defendidos estaban tan alejados que, a pesar de la voluntad entreguista de la CAM, las negociaciones han ido avanzando lenta y trabajosamente.

Remitimos al anterior comunicado de CUPUMA en que se analizaba con amplitud y precisión tanto los desacuerdos como la magnitud de las discrepancias. Con las debidas cautelas a las que obligan unas negociaciones todavía en curso, habría que precisar que los “progresos“ no son homogéneos, y como la CAM está dispuesta a olvidarse de la reforma del Consejo Social, y acepta la exclusión de las Universidades Privadas de la, ya de por sí, muy exigua financiación pública, en esos temas parece que el acuerdo está muy cercano o prácticamente cerrado.

En este tema de las privadas hay que resaltar que las informaciones habría que calificarlas, como mínimo de contradictorias. El día 1 de septiembre se publica en el Bocm ayudas destinadas a la “atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid”. Especificando los que pueden ser posibles beneficiarios dice textualmente “las Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS) así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.” Esto coincide con la actual redacción de la LEMES y parece desmentir tajantemente las reiteradas afirmaciones de la CAM que con dinero público no se financiarían entidades privadas.

Hace escasas fechas CUPUMA afirmaba estar convencida de que lo único que importaba a la CAM era el acuerdo con los rectores, ignorando al resto de la comunidad universitaria, y que por eso siguió adelante con la LEMES, pese a que la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime, e incluía igualmente a rectores de las privadas.

Sin embargo, la financiación general del “espacio madrileño de educación superior” está suponiendo un escollo mucho más difícil de salvar. El tema es crucial, de enorme entidad, con numerosas ramificaciones y que, para resolverse mínimamente, requiere de un dinero que el Gobierno parece dispuesto a destinar a las eléctricas, a Defensa, o a rescatar autopistas, pero en modo alguno asignar a Educación.

Los problemas de financiación en la enseñanza pública vienen de lejos. En lo que respecta a las Universidades Públicas, en el momento actual, la CAM dedica 192 millones de euros menos que cuando comenzaron los recortes, lo cual precisa y cuantifica las dimensiones de la asfixia económica a la que han estado- y aún siguen- sometidas.

Como a estas alturas nadie ignora, la financiación, sobre todo si va acompañada de una adecuada voluntad de intervencionismo, es uno de los medios más eficaces para “convencer” a los receptores del dinero de cuál es la forma más “útil y adecuada “de gastarlo.

Si siempre la financiación es decisiva, la existencia de importantes restricciones económicas, hace que el reparto del dinero se convierta en una -o en numerosas ocasiones, la- baza fundamental para que las Universidades Públicas decidan “aceptar” las “sugerencias” de la CAM, si es que tienen la desmedida pretensión de sobrevivir.

Los redactores de la ley son extremadamente conscientes de las consecuencias de lo que defienden y tratan de imponer: “La financiación pública del sistema universitario se canaliza a través de unas aportaciones que cubran las necesidades básicas de las universidades públicas; y dos fórmulas de financiación variable, mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos de la ley.” [1]

Es fácil comprobar cómo se evita cuidadosamente especificar en qué consisten esas necesidades básicas, y se reconoce que la financiación a través de 1) “contratos programas” y 2) “convocatorias competitivas o de incentivos” abiertas -al menos por el momento- a las universidades privadas, tiene como finalidad señalar y marcar el camino que la CAM pretende imponer a las universidades, por medio de ”la aplicación voluntaria y controlada de las medidas propuestas por CAM”, lo que representa una evidente y explicita intervención en el funcionamiento de las universidades, que lógicamente supone un gravísimo riesgo para la existencia misma de la autonomía de las Universidades Públicas.
En lógica prolongación de la defensa de sus intereses, los rectores tratan de minimizar su dependencia con la CAM, reclamando compromisos de financiación mediante convenios plurianuales, y tratando de que la Comunidad explicite y cuantifique las llamadas “necesidades básicas de las Universidades Públicas”. Y todo hace suponer que ahí puede residir la mayor fuente de discrepancias y desacuerdos entre ambas partes, porque dada la no prioridad que tiene la enseñanza para el gobierno de Mariano Rajoy, afrontar esos problemas implicaría necesariamente al ministerio de Montoro. En este punto,  el gobierno de Cifuentes, cuyo interés por la educación es puramente coyuntural e instrumental, parece que no va a encontrar excesivas facilidades para alcanzar ese objetivo.

La más inmediata y evidente conclusión que se desprende del actual proyecto de la LEMES es que consolida los recortes y las pérdidas humanas y materiales de los últimos ocho años. Si no se cuenta con una adecuada y sustancial subida presupuestaria, ¿cómo se va modernizar el EMES, si el propio articulado de la LEMES prevé que precisa un notabilísimo incremento del gasto?

Si cerráramos en este punto nuestro análisis, obviaríamos uno de los problemas cruciales que gravitan sobre la LEMES. Incluso en el hipotético -pero perfectamente posible- caso de que el texto actual fuera sustituido por uno que satisficiera los intereses de CRUMA y CAM, subsistiría un tema capital sin resolver, que a su vez implica muchas e importantes derivaciones.

En todo el proceso -y muy especialmente en estas últimas negociaciones-ha quedado meridianamente claro que la CAM y los rectores son los únicos que se consideran representantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto que están habilitados en exclusiva para negociar.

Además de un tema sustancial de procedimiento, que proviene, de la defensa de un modelo gerencial de la Universidad Pública, semejante concepción – compartida por CAM y Rectores – supone igualmente que algunos de los problemas fundamentales, apenas tienen importancia ni cabida, ni en la LEMES, ni en la negociación del nuevo proyecto de ley. Eso explicaría el escaso interés que suscita en los “altos” negociadores algunos de los problemas clave de la Universidad Pública.

Resulta extraordinariamente significativo, a la vez que esclarecedor, que temas de excepcional trascendencia como los perjuicios causados por los recortes en la calidad de la enseñanza, la reducción de personal tanto en PDI como en PAS, las demenciales subidas de las tasas, y reducción de becas que han provocado la exclusión de más de 100.000 estudiantes universitarios, la discusión del modelo de lo que debe ser fundamentalmente una universidad pública, si un servicio público o un negocio rentable, sin olvidarnos de la monstruosa precariedad laboral que lastra como una losa cualquier posible mejora de la universidad, la manipulación tramposa, y muy posiblemente fraudulenta, de las figuras de asociados y visitantes  que ha sido utilizada sin escrúpulos  tanto por las Universidades como por la propia CAM, etc., etc.

Renunciamos a hacer un listado completo -valgan los anteriormente citados como ejemplos -porque sería interminable, pero conviene recordar que la amenaza que se cierne sobre las Universidades Públicas reviste tales dimensiones  que llevó, en  este final de curso a que todos los estamentos, -PDI, PAS y estudiantes -en representación de la comunidad Universitaria, y numerosas asociaciones relacionadas con la enseñanza, con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, en representación de la sociedad civil, firmaran un “ manifiesto contra el proyecto de ley del espacio de educación superior de la comunidad de Madrid  (LEMES)” exigiendo-entre otras cosas “ la elaboración de una ley que se construya junto a la comunidad educativa, garantizando unas condiciones laborales dignas para todo el personal laboral”.

La alergia reiterada a todo lo que lejanamente huela a trasparencia, hace factible -y lo que es más grave, posible- que en breve plazo de tiempo nos encontremos con una redacción de la LEMES, “consensuada “-por CAM y CRUMA- con similares problemas a los planteados por la anterior redacción rechazada, y de la que no sería nada extraño que fuésemos los últimos en enterarnos.

Si esto sucede existen dos opciones:

1) Ser coherentes con lo que firmamos y afirmamos en el manifiesto, y luchar contra una ley que puede suponer el inicio del fin de un modelo de Universidad Pública al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

2) Abdicar de nuestros derechos y obligaciones, aceptando un modelo de Universidad Pública Gerencial al servicio de las empresas, que constituya prioritariamente un atractivo negocio económico, contribuyendo a que la Universidad sea un elemento decisivo en el progresivo aumento de la desigualdad en la sociedad española.

CUPUMA, 5 de septiembre de 2017

www.cupuma.org

Twitter: @cupumad

[1] El texto lo pone la LEMES; la negrita, CUPUMA

[2] Las negritas están incorporadas por CUPUMA.

Documento de bases para una nueva Ley de Educación

Redes por una nueva política educativa

Las Redes por una nueva política educativa están formadas por las siguientes organizaciones:

Colectivos Sociales:

Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por los colectivos y plataformas: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro de Sevilla/Por otra política educativa, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat y Yo Estudié en la Pública.

Sindicatos de Estudiantes:

Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres:

Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales:

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación STEs-intersindical y CGT Confederal

Partidos Políticos:

Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.

Documento de bases para una nueva Ley de Educación – Click aquí

La puntilla

La situación de la Educación en España no puede ser más crítica. La coincidencia de las medidas privatizadores del Gobierno del PP con la política económica de Bruselas y Madrid de recortes y austeridad, ha llevado a una progresiva asfixia del modelo de la Educación Pública que con grandes dificultades sobrevivía en los últimos tiempos.
A pesar de los intentos permanentes de engañar a los ciudadanos y la enorme cantidad de eufemismos que se empeñan en  utilizar cotidianamente para enmascarar la verdad, las cifras no mienten: España gasta el 3,9 % en Educación y la media europea es del 6,2%, un 60% más.

Como existía una posibilidad razonable de que pudieran perder el poder en breve tiempo, el PP decidió “agilizar los trámites”. La LOMCE y la proyectada ley de Universidades de la CAM son algunos de los frutos de ese temor, lo que ha conducido a que empeorara una situación, ya de por sí, catastrófica.

A la perdida brutal y progresiva de la calidad de la enseñanza, la precarización del profesorado, la subida de tasas, recorte de becas, despidos de directores, disminución de la democracia, se ha sumado la enorme confusión provocada por la aplicación de la LOMCE con la implantación de las reválidas, etc., etc., etc.

Semejante situación unida a la inminencia de una nueva legislatura presidida una vez más por Rajoy, hace que la perspectiva resulte literalmente aterradora y que quizá suponga la puntilla para la existencia de una verdadera Educación Pública.

La única posibilidad de que esto no se convierta en realidad cruenta es lograr la unidad de todos los que estamos a favor de la Educación Pública. Y el miércoles 26 hay planteada una huelga y una gran cantidad de manifestaciones para dejar constancia de nuestro desacuerdo con semejante hoja de ruta.

Esperamos contar con tu imprescindible colaboración.

Comunicado de CUPUMA: Se confirma “El asalto Final”

 

 

Hay un dicho popular que asegura que las mentiras tienen las patas cortas. En este país, donde demasiados datos pueden hacer pensar que desafortunadamente eso solo se cumple en muy escasas oportunidades, hay ocasiones en que la verdad se cuela por las rendijas, dejando a la intemperie, y sin protección a los profesionales del disimulo, de las medias verdades, del eufemismo, y en (numerosas) ocasiones del falseamiento puro y duro de los hechos.

 

La airada y desproporcionada reacción de que hicieron gala, tanto desde el Rectorado de la UCM, como en la consejería de Educación de la CAM, ante el último comunicado “El asalto final” de CUPUMA, suponía un síntoma evidente de que nos habíamos acercado peligrosamente a la realidad tanto en nuestras certezas, como en nuestras -bien fundadas- suposiciones y conclusiones. Los datos han venido a darnos la razón pese al escaso tiempo transcurrido. A finales del mes pasado, la CAM empezó a distribuir su borrador de la ley de Universidades [1], con cuentagotas que –en oposición a la política de opacidad de los de siempre- nosotros hemos querido adjuntar al presente documento. Finalmente “el borrador que nunca existió” apareció y era real.

 

Su difusión ha servido para poner de manifiesto algunas “inexactitudes” en la versión previa de los hechos que habían mantenido algunos de los afectados. Para empezar la CAM desmiente la versión del Rector, y confirma la de CUPUMA:” Para el estudio de las líneas de reforma de la educación superior la Consejería de Educación, Juventud y Deporte pidió la colaboración de las universidades madrileñas, a través de los representantes que estas designaron, así como de distintos expertos y representantes de los estudiantes, a los que convocó para contrastar su parecer en diversas sesiones celebradas entre los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016”.

 

Pero eso no es todo: En una entrevista publicada el pasado día 2 de Julio[2],- cuando ya hasta CUPUMA tenía en sus manos desde días antes el borrador de la nueva ley -, el Rector Andradas, inasequible al desaliento, respondía impertérrito a la pregunta:

 

“-La Comunidad de Madrid debe estar a punto de sacar el borrador de la nueva ley de universidades de la región. ¿Qué sabe de él?

 

-No creo que estén a punto de sacarlo, en ese caso algo nos habría llegado. Solo sabemos que la Dirección General de Universidades hizo reuniones a las que nos invitó. A algunas enviamos personas y a otras no porque teníamos nuestras diferencias con la universidades en cuanto a presupuestos, y les dijimos que mientras no se resolvieran determinadas cosas no acudiríamos a reuniones oficiales.”

 

¿Qué cabría decir ahora del rotundo “No hay negociación” con el que el Rector pretendía descalificar a CUPUMA.?

 

CUPUMA se siente en la obligación de expresar su más rotundo desacuerdo con un texto- que el Consejero pretende tener cerrado a finales de año- que supone la confirmación del asalto final. Una ley que si consigue llevar a buen término sus pretensiones supondrá un golpe mortal para lo que se entiende -y entendemos- por Universidad Pública, y que reducirá a su mínima expresión tanto la democracia como la autonomía de las Universidades, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, como un Derecho Fundamental.

 

Que este proyecto de ley-como los últimos decretos- se conozca en pleno mes de Julio enlaza con la convicción franquista de que las leyes conflictivas en educación hay que plantearlas en época de vacaciones, y el PP siempre se ha distinguido por ser un fiel seguidor de aquellas “costumbres” que han demostrado su utilidad en el pasado.

 

La actual situación política del país, ha llevado al PP a la convicción de que será muy difícil que pueda volver a gobernar en solitario en España, y por tanto resulta apremiante llegar lo más lejos posible en la planificada privatización de lo público y profundizar en la acelerada trasformación de la educación en terreno abonado para el saqueo de unos pocos y en un próspero negocio para  financiadores y “amigos”.

 

El proyecto, con claras muestras de haber sido retocado  apresuradamente, está repleto de aparentes contradicciones. Por ejemplo, aboga por la participación de todos, pero deja claro que tanto en su concepción, como en su futura concreción no ha contado -y no piensa contar- más que con unos pocos – y muy cuidadosamente elegidos –privilegiados “colaboradores”.

 

El rechazo de CUPUMA obedece a un doble motivo. De una parte por razones de procedimiento, y de otra por desacuerdo radical con su contenido. Siempre hemos sido partidarios de un proceso participativo, y por tanto contrarios a un simulacro con apariencia participativa. Resulta muy fácilmente detectable la herencia franquista en la utilización de las vacaciones, que garantiza tanto escasa difusión, como  muy poca -y nada organizada- participación, descartando definitivamente un proceso participativo, ordenado y con verdaderas garantías.

 

Respecto al contenido, CUPUMA se compromete –y pide a todos los interesados que colaboren con su aportación- a enviar en el plazo de un par de semanas un análisis pormenorizado de los contenidos del texto, que contribuya a clarificar sus objetivos, y favorezca la obligada discusión, con la presencia de todos los estamentos, estudiantes, PAS, y PDI.

 

Resulta imprescindible que en los primeros días de septiembre, entre tod@s decidamos sobre la manera más idónea y eficaz de defender  la Universidad Pública, no ya de presuntas amenazas futuras, sino de ataques presentes y asaltos reales e inminentes.

__________________

[1]  Nos parece contribuir a la desinformación utilizar el pomposo, falso  y eufemístico título que le da la CAM: La Modernización Del Espacio Madrileño De Enseñanza Superior.

[2]  http://www.eldiario.es/sociedad/reforma-UCM-titulaciones-puestos-trabajo_0_531597648.html

 

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)

En http://www.cupuma.org/ puedes encontrar:

  • Un comunicado de algunos profesores de las universidades de Madrid.

  • Borrador: LA MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR.