Interinos e interinas con precariedad laboral perpetuada desde la Administración

Interinas e interinos de la enseñanza pública son mano de obra barata que gira en la “rueda de la precariedad” desde hace décadas. El Gobierno tiene la obligación de velar que se cumpla la ley y que no se genere “precariedad” en ningún ámbito público o privado, pero es el propio Gobierno, el mayor generador de la misma y quien incumple la ley y menosprecia al trabajador.

El acceso a la docencia es por concurso-oposición, pero proliferan las ilegalidades e irregularidades:

  • Aprobar no garantiza la plaza y no exime de examinarse una y otra vez.

 

  • Las reglas del juego son modificadas cambian continuamente, ya que el baremo se cambia sin sentido alguno, de modo que lo que un año es requisito imprescindible, al siguiente no vale nada.

 

  • Los procesos carecen absolutamente de transparencia, y  aunque es obligatorio que se conozcan previamente los “criterios de evaluación”este requisito se incumple continuamente.

 

  • La ley 30/1992, la Orden 1285/1999, y normas específicas de cada Comunidad Autónoma, reconocen el “derecho del opositor a defensa y consulta de sus exámenes” y establece plazos de reclamación y subsanación. Se producen con frecuencia casos donde a los opositores, a pesar de solicitar la revisión de sus exámenes, para su revisión, no se les ha permitido verlos.

 

  • Se convocan oposiciones con masificación de aspirantes y escasez de plazas. Ejemplo: Madrid, maestros en 2015, casi 23.000 aspirantes, 580 plazas para 7 especialidades. (Por ejemplo, en primaria había 4.843 aspirantes, 50 plazas y 81 tribunales. Es decir, 0,61 plazas por Tribunal). Sin embargo solo en el primer llamamiento de interinos que hizo la Consejería de Educación de la CAM para el curso 2015/16 se cito a 5.023 personas

Respecto a la contratación de personal interino, igualmente se producen incontables irregularidades que afectan tanto a la formación de listas, los llamamientos, y  las adjudicaciones.

Irregularidades que se cometen en la contratación:

  • La Ley RECONOCE Y EXIGE, igualdad laboral y económica entre funcionarios e interinos: los interinos no cobran trienios, sexenios, meses de verano, según la Comunidad Autónoma.

 

  • No se reconocen títulos oficiales otorgados por Universidades Públicas Españolas, mientras se exigen títulos de Universidades y Academias privadas cuyo coste oscila entre 4.800 a 6.000 euros.

 

  • Un título como “Magisterio Lengua Extranjera Inglés” que permite acceder a puestos de maestros bilingües en EEUU, Irlanda, Escocia, etc, sin embargo, no lo permite en ciertas Autonomías como Madrid. Otra ironía, sirve en Seseña (Toledo), no en Valdemoro (Madrid). Mientras, se contrata a “Auxiliares de Conversación”, sin titulación con becas y convenios muy lucrativos para entidades privadas.

 

  •  En algunas Comunidades Autónomas se hacen contratos de 1/2, 1/3, 1/5,  de jornada. interrupción de contrato en puentes, vacaciones de Navidad, Semana Santa…, etc, para evitar pagar esos periodos.

 

  • Otro ejemplo de precariedad especialmente inaceptable es el de puestos en “Escuelas Públicas de Titularidad Española en el Exterior”.Tras acceder a un listado de interinos y cumplir múltiples requisitos, pueden ofrecerte una vacante o una sustitución, desde el Ministerio de Educación. En el caso de los interinos/as sin ayuda alguna de desplazamiento, vivienda, ni garantía de escolarizar allí a tus hij@s, y con un sueldo entre 1600-1700 euros. Un funcionario de carrera también opta a estas plazas por otro acceso pero, cuenta con ayudas de desplazamiento, ayuda para vivienda,  y garantía de escolarizar a sus hij@s en ese centro. Sueldo como funcionario de carrera, superior a 6000 euros/mes.

Profesores como los de “religión” de la escuela pública no sufren semejante maltrato y discriminación, tienen estabilidad, contratación indefinida y entran sin oposición, puesto que son designados por la Conferencia Episcopal. Estos profesores son pagados con “dinero público”.

Estas ilegalidades e irregularidades se cometen en mayor o menor grado, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, independiente de que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista.

laeducacionpublica.es

Intervención de Asamblea Marea Verde en el Congreso

El 28 de abril Asamblea Marea Verde presentó el Documento para una Nueva Ley de Educación a los partidos del Congreso de los Diputados.

Nuestra premisa no puede ser otra que el Derecho a la Educación es un Derecho Universal y debe ser garantizado y preservado por los Poderes Públicos, y la sociedad en su conjunto. Por ello la política educativa es cosa de tod@s es “una política pública, y debe ser “discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”.  Por ello ahora el reto más importante a la hora de redactar un Proyecto de Ley, es desbordar una concepción restringida y rígida, y construir entre tod@s y para tod@s una nueva Ley Educativa, de manera que derive en una actividad colectiva,  abierta a la participación desde su concepción, que aborde su elaboración desde el cuestionamiento crítico del estado actual de la Educación.

 

Desde La Marea Verde entendemos que la estabilidad de la ley será posible si se habilitan vías para la participación de la sociedad y la comunidad educativa, para adaptarla de una manera realista, flexible y democrática a las micro-realidades sociales, culturales, ambientales, territoriales y se dota a la ley de mecanismos para ello.

 

Asimismo, deberá estar centrado en el alumno/a y su educación integral, desde una óptica radicalmente democrática. Una ley que no favorezca idearios particulares, intereses especulativos, o la financiación, con presupuesto público de modelos segregadores, bien al contrario sus principios deben ser guiados por los ideales inspiradores de nuestra Carta Constitucional, y recogidos en la Legislación Internacional, Declaración de derechos humanos y de la Infancia: igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación.

 

Pero sólo puede avanzarse en unas condiciones dignas, y por ello es preciso la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos vuestro compromiso y el compromiso de todos y todas por mejorarlo.

 

El derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, con sistema educativo garantizado por una red de centros públicos, así como la eliminación progresiva de los conciertos[i] educativos.

 

Entendemos que el sistema educativo debe compensar las desigualdades y que la finalidad de la Educación ha de ser el desarrollo integral de la persona a través de todas las inteligencias y capacidades individuales y colectivas frente al actual modelo mercantilista. Con desarrollos normativos y dotación presupuestaria  que permitan la gratuidad también de los materiales en todas las etapas educativas, becas, transporte y comedor, teniendo especial relevancia en el contexto rural.

Para ver la intervención completa, click aquí.

Marea Verde – http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/

 

El asalto final

Los escasos meses –cuatro-que han constituido la más corta de nuestras legislaturas han servido para dejar perfectamente claro, que en lo referente a la enseñanza universitaria, no ha cambiado nada y si se ha producido alguna modificación ha sido para empeorar. En Madrid, con la Sra. Cifuentes al frente de la Comunidad y con un gobierno en funciones en el país, hay novedades. La trascendencia estriba en que desde hace tiempo es conocido el carácter que tiene esta comunidad de laboratorio experimental de lo que el PP quiere poner en marcha en el resto de las comunidades, de forma que lo que se implanta en Madrid termina exportándose al resto del país.

Parece ser que los dirigentes del PP han considerado que ha llegado el momento idóneo para dar su gran impulso al concepto de Universidad que han defendido desde siempre. Ante la posibilidad de que en breve plazo tengan que abandonar el poder, consideran conveniente dejar “atado y bien atado” todo lo que sea posible, y procurar hacerlo de tal manera que sea extraordinariamente complicado revertir sus medidas legislativas.

Cristina Cifuentes tiene ya muy adelantado el proyecto de una ley de Universidades que eufemísticamente se llamará ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, y que supondrá un elemento clave en la progresiva privatización de la Universidad Pública. Se articula sobre la puesta en marcha un nuevo sistema de financiación “con una financiación básica ligada fundamentalmente a la docencia y a los estudiantes y otra, por objetivos, en función de los resultados de cada universidad, tanto en docencia como en investigación, o transferencia de conocimiento”.

Para tan importante tarea una vez más la CAM ha contado con la inapreciable colaboración de la CRUMA. Los rectores de las Universidades madrileñas -recientemente condecorados por la Presidenta- colaboran en el proyecto, pero se cuidan de dar la menor información a la comunidad universitaria. La opacidad es absoluta. Y la conveniencia de esa opacidad es compartida –y ejercida- tanto por CAM como por la CRUMA.

Siguiendo el camino que inauguró la UPM,-que condujo a que el antiguo Rector Conde perdiera recientemente las elecciones- Carlos Andradas, se apresta a preparar el camino que haga más fácil y rápida la tarea de Cifuentes. Dos son los temas estrella de la aportación del Rector de la UCM. De una parte el proyecto de colaboración con las empresas. Propuesta que se hace mientras, en la Universidad se continúa con la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes-colaboradores de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría de la población.

A la Universidad se la estrangula económicamente, con drásticos recortes en la financiación, se la fuerza a emprender el camino de la competencia económica, y se consigue volverla dependiente de grandes empresas y grupos financieros. Sumándose a la externalización de los servicios, ahora se aprueba que las empresas –previo pago de un mínimo de 30.000 € – puedan asegurarse la creación de una cátedra, en la que decidirán el programa, el profesorado, y- en algunos casos- el director.

No resulta muy difícil concluir que, en muy escasos años, la Universidad estará prioritariamente al servicio de las empresas, investigará-con personal universitario- lo que convenga a las empresas, y habrá incorporado al profesorado a miembros relevantes de su staff, asestando adicionalmente un nuevo golpe mortal al profesorado precario y mal pagado que soporta la mayor parte del peso de la enseñanza.

El segundo de los temas estrella es la reestructuración de los Departamentos UCM con el que se pretende dejar en menos del 40 % el número actual de los mismos.

Mientras, de la Universidad Pública se está expulsando sistemáticamente a profesores, estudiantes y PAS.  En total, los campus madrileños han perdido en los últimos tres cursos a 1.243 docentes e investigadores (PDI) —un 7,2% del total (17.000)—, según la evolución que recoge la Estadística de personal de las universidades 2013 /2014, que elabora el Ministerio de Educación. Además, se redujo en un 5,7% (504 personas) el personal de administración y servicios (PAS), y las subidas de tasas y disminución de las becas se han traducido en la expulsión de cerca de 45.000 estudiantes.

El verdadero problema es que tanto la financiación privada como la reestructuración de departamentos, es parte de un plan que pretende -a corto plazo- fundamentalmente consolidar y justificar los recortes y despidos ya hechos. Además, pretende iniciar y justificar los NUEVOS RECORTES que se avecinan en breve, el programa de estabilidad 2016-2019 que Rajoy ha pactado con la CEE, supone unos 12.000 millones de euros en este periodo en Educación.

Además “denunciando” el despilfarro, se justifican más recortes, y se mantiene que una Universidad en esas condiciones no puede, ni debe, ser gravosa para la sociedad española. Es decir que tiene que ir disminuyendo- hasta que desaparezca- la financiación pública.

Como decíamos en el anterior comunicado: en nuestras manos está que esto no ocurra. O ponemos inmediatamente los medios para impedir que la Universidad Pública se convierta en un negocio, o no tendrá sentido  quejarnos después de lo que ocurra.

CUPUMA – Coordinadora Universidades Públicas de Madrid

http://www.cupuma.org/

Reacciones ante nuestro comunicado “El asalto final”

Tras su comunicado, CUPUMA ha recibido cuatro tweets, dos del Rector Andradas, uno del Vicerrector de Programación Juan Tejada, y otro del Consejero de Educación de la CAM que trascribimos a continuación para general conocimiento, en aras de la transparencia que siempre hemos defendido:

 “Opaca no. Inexistente. La CRUMA no conocemos ni una línea de esa ley”. Carlos Andradas.

 “No hay negociación. Los rectores estamos a la espera de ver un borrador para poder opinar”. Carlos Andradas.

 “En cuanto a las intenciones de la UCM estáis equivocados en todo. Esperamos poder explicarnos mejor y receptividad”. Juan Tejada.

Más tarde el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken decía textualmente.

 “Nadie tiene el borrador, porque no existe”. Rafael van Grieken.

CUPUMA decidió reunirse de urgencia para dar una respuesta oficial a los cuatro tweets y colgarla en su página oficial.

Este  es el texto:

“Fuentes de la CAM, -e incluso la propia Presidenta en septiembre hizo alusión al tema- han manifestado que la nueva ley que estaba preparando contaba con  la colaboración de la CRUMA. Evidentemente CUPUMA no puede saber si tal afirmación se corresponde o no con la realidad, por la sencilla razón de que no estuvo presente en esas presuntas negociaciones. También ha dicho la CAM que aún no hay borrador, pero que el trabajo está muy avanzado. Tampoco sabemos si es verdad o no. Pero resulta revelador que Andradas hable de borrador cuando el comunicado de CUPUMA no utiliza jamás semejante palabra. El hecho de que Andradas no conozca ni una línea de esa ley no supone que no haya habido conversaciones previas en las que se hayan acordado las líneas generales de la ley.

Por otra parte, la opacidad es evidente. Casi nadie de las universidades de Madrid sabía que estaba en marcha esa nueva ley. El Rector de la Complutense lo sabía y no consta que se lo haya comunicado a los órganos representativos de la Universidad. CUPUMA no puede saber con exactitud el grado de connivencia  existente entre la CRUMA y la CAM, -o entre la CAM y los enviados de los rectores, solución planteada para no involucrar a la CRUMA en este tema-pero en principio tiene que dar por buena la versión de la CAM, sobre todo por no existir otra versión que la contradiga.

Además de los dos tweets de Carlos Andradas, el tercero de Juan Tejada  dice que CUPUMA se equivoca en cuanto a las intenciones de la UCM.

CUPUMA lamenta que el gusto por el secretismo y por la opacidad pueda llevar a malentendidos que con seguridad se hubieran evitado si se hubiera contado con la comunidad universitaria, se la hubiera informado por anticipado, se hubiera abierto un debate, y se hubiera llegado a determinados acuerdos. En cambio se plantean hechos consumados que después se ven obligados a reconsiderar ante la avalancha de críticas suscitadas por las dos medidas estrella-la colaboración con las empresas, y la reestructuración de los departamentos- del Rector Andradas.

Por su parte el consejero de la CAM se cuida mucho de decir que no hay colaboración con la CRUMA. Se limita a asegurar que nadie conoce el borrador-nueva casualidad que utilice  la misma palabra que el Sr. Andradas- porque no existe. Evidentemente que no haya un texto definitivo y terminado, no significa en absoluto que no sea cierto lo que decía CUPUMA en su comunicado. Es más, distintas fuentes confirman que, en el mes de Abril, en conversaciones con el Director General de Universidades de la CAM, se aseguró que el borrador esta ya casi listo y que en un par de semanas, lo recibirían, lo que a la hora de la verdad no llegó a cumplir, y, posiblemente, explique que el consejero de la CAM diga que nadie conoce el borrador, porque no existe. Pero que no esté terminado-o no se considere prudente hacerlo público en este momento- no quiere decir que no exista ni que no sea absolutamente cierto lo que decía CUPUMA en su comunicado oficial.

CUPUMA – Coordinadora Universidades Públicas de Madrid

http://www.cupuma.org/