CUPUMA INFORMA:
La ofensiva para imponer a cualquier precio, una Universidad gerencial, un tipo de Universidad Pública concebida prioritariamente como empresa, continúa incorporando efectivos.
La ofensiva liderada por la CAM cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas,-sin olvidar el inestimable concurso de algunos partidos políticos y gran parte de los Rectores , para conseguir su objetivo, sin importar los daños colaterales – ni por supuesto, los directos- que semejante proceder puede conllevar.
Hace escasos días, el secretario general de Inditex, Antonio Abril, en su presentación oficial como nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), reclamó “abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las necesidades de la realidad actual.”
Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental de la Conferencia de Consejos Sociales es “unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el papel social de las Universidades Públicas Españolas.”
Abril, -que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa y también diputado del Congreso por el Partido Popular Manuel Pizarro- es, casualmente, también patrono de la fundación del Banco de Santander (CYD),cuyo papel en este asunto, responde claramente a la defensa de sus intereses corporativos.
El mayor problema, para Abril, estriba en que la legislación vigente asocia la autonomía universitaria al autogobierno, lo que le parece inaceptable, y asegura que la autonomía debe suponer libertad de cátedra y de investigación, pero a su juicio, “resulta imprescindible incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades”.
Añade que los campus no deberían estar al “capricho” de sus profesores, y empleados, sino al servicio del contribuyente.
¿Y cómo pretende conseguirlo?. Abril afirma estar convencido de que un aumento de la financiación -absolutamente decisivo hasta para el mas ciego- no serviría de nada si no se reforman previamente las estructuras académicas actuales. Y eso se conseguirá “reforzando el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales” (que los rectores, decanos… puedan tomar decisiones sin tener que someterse al voto del resto de la comunidad académica), “profesionalizar la gestión”; “mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; “potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento” (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y “mejorar la internacionalización”.
Resulta meridianamente claro que los refuerzos de la LEMES no proceden únicamente del exterior, sino que gran parte del enemigo se encuentra en casa, y se pronuncia claramente en contra de la autonomía universitaria, a favor de “profesionalizar” la gestión, y hasta sugiere que haya un complemento especial para quienes registren patentes. Naturalmente defiende la necesidad de “flexibilizar” las políticas de contratación del profesorado -recordemos su incidencia sobre el tema de los profesores visitantes distinguidos-.
Abril es muy explícito, y no tiene empacho en afirmar que los únicos que deben opinar sobre la Universidad son los Consejos Sociales, creados y mantenidos con un modelo -e incluso personas- similar al de Bankia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación, y en ningún momento -salvo para culparles de todos los males de la Universidad- se tiene en cuenta la opinión de la comunidad universitaria.
Cada vez parece más evidente que la LEMES es el ensayo general de una legislación universitaria que no pretende limitarse a cambiar el modelo de la Universidad pública en Madrid, sino que aspira igualmente a implantarlo e imponerlo en el resto de la geografía española.
La gran novedad reside en que Abril da un paso más, y se pronuncia directamente en contra de la autonomía universitaria y -coherentemente- prefiere que sean los empresarios – los que defienden y practican la privatización de las ganancias, a la vez que exigen la socialización de sus pérdidas- nombrados por los partidos políticos, los que decidan el destino presente y futuro de la Universidad Pública.
Si no queremos que los rectores y los decanos sean nombrados a dedo. Si consideramos que la contratación de profesorado sin los requisitos elementales de mérito, capacidad y transparencia, y amparado bajo el eufemismo de la flexibilización de la contratación, será letal para la supervivencia de un modelo de universidad Pública.
Si pensamos que es sumamente pernicioso trasladar a la enseñanza superior el modelo de financiación de la enseñanza obligatoria, con discriminaciones inequívocas a favor de los planteamientos privatizadores.
Si consideramos que, en la Universidad pública, el objetivo debe ser la calidad de la enseñanza y no el aumento de las patentes registradas, ni convertirla en un negocio suculento para “fidelizar” a los amigos.
Si estamos totalmente convencidos de que a quien es imprescindible rendir cuentas es a la comunidad universitaria y no a los dirigentes de bancos rescatados, empresas energéticas asiduas practicantes de las puertas giratorias, concesionarios de autopistas rescatadas que roban y estafan a los ciudadanos, etc., etc., llegaremos a la conclusión de que es preciso impedir con todas nuestras fuerzas semejante desafuero.
La Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, tiene que hacer oír claramente su voz, y el objetivo común de “Paremos la LEMES” se tiene que convertir en una auténtica realidad. La Universidad Pública debe seguir cumpliendo su función esencial de permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los españoles, al margen de sus posibilidades económicas.
Si conseguimos pararla en Madrid, las posibilidades de que nos impongan una Ley general de universidades,donde el modelo de Universidad publica sea sustituido por una universidad gerencial, en la que las consideraciones empresariales tendrán prioridad sobre la consideración de servicio público, disminuirán de forma drástica.
