MASTERS, LEMES, CIFUENTES Y LA URJC

CUPUMA INFORMA:

La vorágine de los hechos ha llevado a que el presunto master de la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya quitado todo su protagonismo al intento de la CAM de aprobar una legislación universitaria, la LEMES, concebida como una avanzadilla de una inminente ley estatal.

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Novedades

ESTA BATALLA LA VAMOS A GANAR

El debate de las pensiones ha prendido con tal fuerza en la sociedad española, que ha hecho que en muy escaso tiempo se haya convertido en el elemento central de la situación política actual. Si el problema de las pensiones no ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ¿qué es lo que ha hecho posible semejante vuelco? Un refrán popular dice que si se estira demasiado la cuerda, ésta acaba por romperse. En palabras de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo…se puede engañar a algunos todo el tiempo…pero no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo”.

El gobierno trata de convertir el problema en un asunto de trileros donde piensan -probablemente, con razón- que ellos juegan con ventaja. Pero si los estafadores repiten la misma estafa con idénticos estafados, es altamente probable que estos se revuelvan indignados y decidan plantarse. Y la manipulación permanente de datos, los intentos de equiparar falsamente conceptos diferentes, la utilización constante de eufemismos, la mentira como sustituto de la información, ya no solamente pierden toda eficacia, sino que se convierten en un boomerang que redobla la indignación de los estafados.

La repercusión electoral de las pensiones de los jubilados-mas de nueve millones de votos pueden alcanzar los que protestan en la calle- hará que este año el Gobierno-tras intentar todo tipo de trapacerías-suba puntualmente las pensiones, pero se negara a resolver el problema de fondo porque Rajoy ha decidido que hay dinero para la OTAN, -2.700 millones-, para las radiales sin coches-5.000 millones-, para el Castor de Florentino Perez,-2.500 millones- para el rescate de los bancos y cajas-66.000 millones-, pero no para los pensionistas-1.600 millones-.

La educación publica.es, fiel a su convicción de que todos los servicios públicos están obligados a dar explicaciones de su actuación, pretende con los videos que presenta, contribuir a una clarificación y análisis racional del verdadero problema de las pensiones, al margen de la confusión interesada creada por algunos. 

HUELGA GENERAL DE MUJERES 8 DE MARZO

El 8 de Marzo ha sido convocada una huelga de mujeres por más de 300 asociaciones y colectivos, además de sindicatos.
Los objetivos de la huelga son terminar con:
-la brecha salarial entre hombre y mujeres
-el acoso laboral y la violencia machista
-el trabajo precario
-las pensiones de miseria
-los recortes en los presupuestos para los cuidados de los dependientes y mayores.

La huelga que se plantea, además de huelga laboral, pretende que sea una huelga de Cuidados, huelga de Consumo, y huelga Estudiantil.
-Huelga de Cuidados:
Los Cuidados a personas mayores no se pagan ni se valoran socialmente a pesar de que son fundamentales e imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad.
Se propone que el 8 de Marzo los hombres asuman las tareas del hogar y los cuidados que hacen las mujeres.
-Huelga de Consumo: se propone que no se compre lo que no sea necesario en esta jornada.
-Huelga de estudiantes: se convoca a las mujeres estudiantes, maestras, y profesoras a participar en la huelga para defender una educación pública, laica y feminista.
Desde www.laeducacionpublica.es apoyamos esta convocatoria de huelga y animamos a todas las mujeres a participar en la huelga y en las manifestaciones convocadas.
2 de Marzo 2018

EL ÚLTIMO EMPUJÓN PARA IMPONER LA UNIVERSIDAD GERENCIAL

CUPUMA INFORMA:

La ofensiva para imponer a cualquier precio, una Universidad gerencial, un tipo de Universidad Pública concebida prioritariamente como empresa, continúa incorporando efectivos.

La ofensiva liderada por la CAM cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas,-sin olvidar el inestimable concurso de algunos partidos políticos y gran parte de los Rectores , para conseguir su objetivo, sin importar los daños colaterales – ni por supuesto, los directos- que semejante proceder puede conllevar.
Hace escasos días, el secretario general de Inditex, Antonio Abril, en su presentación oficial como nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), reclamó “abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las necesidades de la realidad actual.”
Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental de la Conferencia de Consejos Sociales es “unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el papel social de las Universidades Públicas Españolas.”
Abril, -que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa y también diputado del Congreso por el Partido Popular Manuel Pizarro- es, casualmente, también patrono de la fundación del Banco de Santander (CYD),cuyo papel en este asunto, responde claramente a la defensa de sus intereses corporativos.
El mayor problema, para Abril, estriba en que la legislación vigente asocia la autonomía universitaria al autogobierno, lo que le parece inaceptable, y asegura que la autonomía debe suponer libertad de cátedra y de investigación, pero a su juicio, “resulta imprescindible incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades”.
Añade que los campus no deberían estar al “capricho” de sus profesores, y empleados, sino al servicio del contribuyente.
¿Y cómo pretende conseguirlo?. Abril afirma estar convencido de que un aumento de la financiación -absolutamente decisivo hasta para el mas ciego- no serviría de nada si no se reforman previamente las estructuras académicas actuales. Y eso se conseguirá “reforzando el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales” (que los rectores, decanos… puedan tomar decisiones sin tener que someterse al voto del resto de la comunidad académica), “profesionalizar la gestión”; “mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; “potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento” (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y “mejorar la internacionalización”.
Resulta meridianamente claro que los refuerzos de la LEMES no proceden únicamente del exterior, sino que gran parte del enemigo se encuentra en casa, y se pronuncia claramente en contra de la autonomía universitaria, a favor de “profesionalizar” la gestión, y hasta sugiere que haya un complemento especial para quienes registren patentes. Naturalmente defiende la necesidad de “flexibilizar” las políticas de contratación del profesorado -recordemos su incidencia sobre el tema de los profesores visitantes distinguidos-.
Abril es muy explícito, y no tiene empacho en afirmar que los únicos que deben opinar sobre la Universidad  son los Consejos Sociales, creados y mantenidos con un modelo -e incluso personas- similar al de Bankia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación, y en ningún momento -salvo para culparles de todos los males de la Universidad- se tiene en cuenta   la opinión de la comunidad universitaria.
Cada vez parece más evidente que la LEMES es el ensayo general de una legislación universitaria que no pretende limitarse a cambiar el modelo de la Universidad pública en Madrid, sino que aspira igualmente a implantarlo e imponerlo en el resto de la geografía española.
La gran novedad reside en que Abril da un paso más, y se pronuncia directamente en contra de la autonomía universitaria y -coherentemente- prefiere que sean los empresarios – los que defienden y practican la privatización de las ganancias, a la vez que exigen la socialización de sus pérdidas- nombrados por los partidos políticos, los que decidan el destino presente y futuro de la Universidad Pública.
Si no queremos que los rectores y los decanos sean nombrados a dedo. Si consideramos que la contratación de profesorado sin los requisitos elementales de mérito, capacidad y transparencia, y amparado  bajo el eufemismo de la flexibilización de la contratación, será letal para la supervivencia de un modelo de universidad Pública.
Si pensamos que es sumamente pernicioso trasladar a la enseñanza superior el modelo de financiación de la enseñanza obligatoria, con discriminaciones inequívocas a favor de los planteamientos privatizadores.
Si consideramos que, en la Universidad pública, el objetivo debe ser la calidad de la enseñanza y no el aumento de las patentes registradas, ni convertirla en un negocio suculento para “fidelizar” a los amigos.
Si estamos totalmente convencidos de que a quien es imprescindible rendir cuentas es a la comunidad universitaria y no a los dirigentes de bancos rescatados, empresas energéticas asiduas practicantes de las puertas giratorias, concesionarios de autopistas rescatadas que roban y estafan a los ciudadanos, etc., etc., llegaremos a la conclusión de que es preciso impedir con todas nuestras fuerzas semejante  desafuero.
La Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, tiene que hacer oír claramente su voz, y el objetivo común de “Paremos la LEMES” se tiene que convertir en una auténtica realidad. La Universidad Pública debe seguir cumpliendo su función esencial de permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los españoles, al margen de sus posibilidades económicas.
Si conseguimos pararla en Madrid, las posibilidades de que nos impongan una Ley general de universidades,donde el modelo de Universidad publica sea sustituido por una universidad gerencial, en la que las consideraciones empresariales tendrán prioridad sobre  la consideración de servicio público, disminuirán de forma drástica.