MASTERS, LEMES, CIFUENTES Y LA URJC

CUPUMA INFORMA:

La vorágine de los hechos ha llevado a que el presunto master de la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya quitado todo su protagonismo al intento de la CAM de aprobar una legislación universitaria, la LEMES, concebida como una avanzadilla de una inminente ley estatal.

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Novedades

ESTA BATALLA LA VAMOS A GANAR

El debate de las pensiones ha prendido con tal fuerza en la sociedad española, que ha hecho que en muy escaso tiempo se haya convertido en el elemento central de la situación política actual. Si el problema de las pensiones no ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ¿qué es lo que ha hecho posible semejante vuelco? Un refrán popular dice que si se estira demasiado la cuerda, ésta acaba por romperse. En palabras de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo…se puede engañar a algunos todo el tiempo…pero no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo”.

El gobierno trata de convertir el problema en un asunto de trileros donde piensan -probablemente, con razón- que ellos juegan con ventaja. Pero si los estafadores repiten la misma estafa con idénticos estafados, es altamente probable que estos se revuelvan indignados y decidan plantarse. Y la manipulación permanente de datos, los intentos de equiparar falsamente conceptos diferentes, la utilización constante de eufemismos, la mentira como sustituto de la información, ya no solamente pierden toda eficacia, sino que se convierten en un boomerang que redobla la indignación de los estafados.

La repercusión electoral de las pensiones de los jubilados-mas de nueve millones de votos pueden alcanzar los que protestan en la calle- hará que este año el Gobierno-tras intentar todo tipo de trapacerías-suba puntualmente las pensiones, pero se negara a resolver el problema de fondo porque Rajoy ha decidido que hay dinero para la OTAN, -2.700 millones-, para las radiales sin coches-5.000 millones-, para el Castor de Florentino Perez,-2.500 millones- para el rescate de los bancos y cajas-66.000 millones-, pero no para los pensionistas-1.600 millones-.

La educación publica.es, fiel a su convicción de que todos los servicios públicos están obligados a dar explicaciones de su actuación, pretende con los videos que presenta, contribuir a una clarificación y análisis racional del verdadero problema de las pensiones, al margen de la confusión interesada creada por algunos. 

HUELGA GENERAL DE MUJERES 8 DE MARZO

El 8 de Marzo ha sido convocada una huelga de mujeres por más de 300 asociaciones y colectivos, además de sindicatos.
Los objetivos de la huelga son terminar con:
-la brecha salarial entre hombre y mujeres
-el acoso laboral y la violencia machista
-el trabajo precario
-las pensiones de miseria
-los recortes en los presupuestos para los cuidados de los dependientes y mayores.

La huelga que se plantea, además de huelga laboral, pretende que sea una huelga de Cuidados, huelga de Consumo, y huelga Estudiantil.
-Huelga de Cuidados:
Los Cuidados a personas mayores no se pagan ni se valoran socialmente a pesar de que son fundamentales e imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad.
Se propone que el 8 de Marzo los hombres asuman las tareas del hogar y los cuidados que hacen las mujeres.
-Huelga de Consumo: se propone que no se compre lo que no sea necesario en esta jornada.
-Huelga de estudiantes: se convoca a las mujeres estudiantes, maestras, y profesoras a participar en la huelga para defender una educación pública, laica y feminista.
Desde www.laeducacionpublica.es apoyamos esta convocatoria de huelga y animamos a todas las mujeres a participar en la huelga y en las manifestaciones convocadas.
2 de Marzo 2018

EL ÚLTIMO EMPUJÓN PARA IMPONER LA UNIVERSIDAD GERENCIAL

CUPUMA INFORMA:

La ofensiva para imponer a cualquier precio, una Universidad gerencial, un tipo de Universidad Pública concebida prioritariamente como empresa, continúa incorporando efectivos.

La ofensiva liderada por la CAM cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas,-sin olvidar el inestimable concurso de algunos partidos políticos y gran parte de los Rectores , para conseguir su objetivo, sin importar los daños colaterales – ni por supuesto, los directos- que semejante proceder puede conllevar.
Hace escasos días, el secretario general de Inditex, Antonio Abril, en su presentación oficial como nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), reclamó “abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las necesidades de la realidad actual.”
Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental de la Conferencia de Consejos Sociales es “unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el papel social de las Universidades Públicas Españolas.”
Abril, -que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa y también diputado del Congreso por el Partido Popular Manuel Pizarro- es, casualmente, también patrono de la fundación del Banco de Santander (CYD),cuyo papel en este asunto, responde claramente a la defensa de sus intereses corporativos.
El mayor problema, para Abril, estriba en que la legislación vigente asocia la autonomía universitaria al autogobierno, lo que le parece inaceptable, y asegura que la autonomía debe suponer libertad de cátedra y de investigación, pero a su juicio, “resulta imprescindible incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades”.
Añade que los campus no deberían estar al “capricho” de sus profesores, y empleados, sino al servicio del contribuyente.
¿Y cómo pretende conseguirlo?. Abril afirma estar convencido de que un aumento de la financiación -absolutamente decisivo hasta para el mas ciego- no serviría de nada si no se reforman previamente las estructuras académicas actuales. Y eso se conseguirá “reforzando el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales” (que los rectores, decanos… puedan tomar decisiones sin tener que someterse al voto del resto de la comunidad académica), “profesionalizar la gestión”; “mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; “potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento” (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y “mejorar la internacionalización”.
Resulta meridianamente claro que los refuerzos de la LEMES no proceden únicamente del exterior, sino que gran parte del enemigo se encuentra en casa, y se pronuncia claramente en contra de la autonomía universitaria, a favor de “profesionalizar” la gestión, y hasta sugiere que haya un complemento especial para quienes registren patentes. Naturalmente defiende la necesidad de “flexibilizar” las políticas de contratación del profesorado -recordemos su incidencia sobre el tema de los profesores visitantes distinguidos-.
Abril es muy explícito, y no tiene empacho en afirmar que los únicos que deben opinar sobre la Universidad  son los Consejos Sociales, creados y mantenidos con un modelo -e incluso personas- similar al de Bankia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación, y en ningún momento -salvo para culparles de todos los males de la Universidad- se tiene en cuenta   la opinión de la comunidad universitaria.
Cada vez parece más evidente que la LEMES es el ensayo general de una legislación universitaria que no pretende limitarse a cambiar el modelo de la Universidad pública en Madrid, sino que aspira igualmente a implantarlo e imponerlo en el resto de la geografía española.
La gran novedad reside en que Abril da un paso más, y se pronuncia directamente en contra de la autonomía universitaria y -coherentemente- prefiere que sean los empresarios – los que defienden y practican la privatización de las ganancias, a la vez que exigen la socialización de sus pérdidas- nombrados por los partidos políticos, los que decidan el destino presente y futuro de la Universidad Pública.
Si no queremos que los rectores y los decanos sean nombrados a dedo. Si consideramos que la contratación de profesorado sin los requisitos elementales de mérito, capacidad y transparencia, y amparado  bajo el eufemismo de la flexibilización de la contratación, será letal para la supervivencia de un modelo de universidad Pública.
Si pensamos que es sumamente pernicioso trasladar a la enseñanza superior el modelo de financiación de la enseñanza obligatoria, con discriminaciones inequívocas a favor de los planteamientos privatizadores.
Si consideramos que, en la Universidad pública, el objetivo debe ser la calidad de la enseñanza y no el aumento de las patentes registradas, ni convertirla en un negocio suculento para “fidelizar” a los amigos.
Si estamos totalmente convencidos de que a quien es imprescindible rendir cuentas es a la comunidad universitaria y no a los dirigentes de bancos rescatados, empresas energéticas asiduas practicantes de las puertas giratorias, concesionarios de autopistas rescatadas que roban y estafan a los ciudadanos, etc., etc., llegaremos a la conclusión de que es preciso impedir con todas nuestras fuerzas semejante  desafuero.
La Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, tiene que hacer oír claramente su voz, y el objetivo común de “Paremos la LEMES” se tiene que convertir en una auténtica realidad. La Universidad Pública debe seguir cumpliendo su función esencial de permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los españoles, al margen de sus posibilidades económicas.
Si conseguimos pararla en Madrid, las posibilidades de que nos impongan una Ley general de universidades,donde el modelo de Universidad publica sea sustituido por una universidad gerencial, en la que las consideraciones empresariales tendrán prioridad sobre  la consideración de servicio público, disminuirán de forma drástica.

SOBRE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA CAM Y LOS RECTORES

2 ago. 2017 – Carlos Andradas y Cristina Cifuentes

 

La paralización provisional de la LEMES como consecuencia de que Rectores que integran  la CRUMA consideraban que la nueva ley autonómica madrileña suponía, tanto una intromisión en sus competencias, como un clarísimo intento de dirigismo que choca con la autonomía universitaria consagrada por la Constitución, dejó la ley en una situación extraña. La distancia que separaba ambas posturas era lo suficientemente grande como para pensar que no iba a resultar nada fácil una aproximación que permitiera encontrar una postura común.

Pero a la vez las dos partes se jugaban mucho, entre otras cosas afianzarse ambas como únicas voces dignas de ser escuchadas y atendidas, así como la defensa de un modelo de Universidad, muy similar en numerosos aspectos, pese a que, en ocasiones, las apariencias o las hipócritas declaraciones, enmascarasen la defensa común de numerosos intereses compartidos, lo cual es compatible con que, puntualmente, existieran discrepancias obvias, que responden, frecuentemente, a descarnadas luchas de poder.

Los hechos parecen demostrar que la CAM tiene un enorme interés – y al parecer también una notable urgencia- por llegar a un acuerdo que haga “viable” la ley, lo que supone que está dispuesta a transigir en temas cruciales y sustanciales que, a priori, dificultaban enormemente la posibilidad de acuerdo.

A lo largo del verano parece ser que se han llevado a cabo reuniones entre representantes de la CAM y los rectores-individualmente o/y en grupo- para tratar de limar los desacuerdos y acercar posturas. La idea inicial era tener listo un texto alternativo para finales de agosto, para que las previsibles protestas de gran parte de la comunidad universitaria -que una vez más ha sido excluida- pudieran minimizarse aprovechando las vacaciones veraniegas.

Pero los intereses defendidos estaban tan alejados que, a pesar de la voluntad entreguista de la CAM, las negociaciones han ido avanzando lenta y trabajosamente.

Remitimos al anterior comunicado de CUPUMA en que se analizaba con amplitud y precisión tanto los desacuerdos como la magnitud de las discrepancias. Con las debidas cautelas a las que obligan unas negociaciones todavía en curso, habría que precisar que los “progresos“ no son homogéneos, y como la CAM está dispuesta a olvidarse de la reforma del Consejo Social, y acepta la exclusión de las Universidades Privadas de la, ya de por sí, muy exigua financiación pública, en esos temas parece que el acuerdo está muy cercano o prácticamente cerrado.

En este tema de las privadas hay que resaltar que las informaciones habría que calificarlas, como mínimo de contradictorias. El día 1 de septiembre se publica en el Bocm ayudas destinadas a la “atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid”. Especificando los que pueden ser posibles beneficiarios dice textualmente “las Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS) así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.” Esto coincide con la actual redacción de la LEMES y parece desmentir tajantemente las reiteradas afirmaciones de la CAM que con dinero público no se financiarían entidades privadas.

Hace escasas fechas CUPUMA afirmaba estar convencida de que lo único que importaba a la CAM era el acuerdo con los rectores, ignorando al resto de la comunidad universitaria, y que por eso siguió adelante con la LEMES, pese a que la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime, e incluía igualmente a rectores de las privadas.

Sin embargo, la financiación general del “espacio madrileño de educación superior” está suponiendo un escollo mucho más difícil de salvar. El tema es crucial, de enorme entidad, con numerosas ramificaciones y que, para resolverse mínimamente, requiere de un dinero que el Gobierno parece dispuesto a destinar a las eléctricas, a Defensa, o a rescatar autopistas, pero en modo alguno asignar a Educación.

Los problemas de financiación en la enseñanza pública vienen de lejos. En lo que respecta a las Universidades Públicas, en el momento actual, la CAM dedica 192 millones de euros menos que cuando comenzaron los recortes, lo cual precisa y cuantifica las dimensiones de la asfixia económica a la que han estado- y aún siguen- sometidas.

Como a estas alturas nadie ignora, la financiación, sobre todo si va acompañada de una adecuada voluntad de intervencionismo, es uno de los medios más eficaces para “convencer” a los receptores del dinero de cuál es la forma más “útil y adecuada “de gastarlo.

Si siempre la financiación es decisiva, la existencia de importantes restricciones económicas, hace que el reparto del dinero se convierta en una -o en numerosas ocasiones, la- baza fundamental para que las Universidades Públicas decidan “aceptar” las “sugerencias” de la CAM, si es que tienen la desmedida pretensión de sobrevivir.

Los redactores de la ley son extremadamente conscientes de las consecuencias de lo que defienden y tratan de imponer: “La financiación pública del sistema universitario se canaliza a través de unas aportaciones que cubran las necesidades básicas de las universidades públicas; y dos fórmulas de financiación variable, mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos de la ley.” [1]

Es fácil comprobar cómo se evita cuidadosamente especificar en qué consisten esas necesidades básicas, y se reconoce que la financiación a través de 1) “contratos programas” y 2) “convocatorias competitivas o de incentivos” abiertas -al menos por el momento- a las universidades privadas, tiene como finalidad señalar y marcar el camino que la CAM pretende imponer a las universidades, por medio de ”la aplicación voluntaria y controlada de las medidas propuestas por CAM”, lo que representa una evidente y explicita intervención en el funcionamiento de las universidades, que lógicamente supone un gravísimo riesgo para la existencia misma de la autonomía de las Universidades Públicas.
En lógica prolongación de la defensa de sus intereses, los rectores tratan de minimizar su dependencia con la CAM, reclamando compromisos de financiación mediante convenios plurianuales, y tratando de que la Comunidad explicite y cuantifique las llamadas “necesidades básicas de las Universidades Públicas”. Y todo hace suponer que ahí puede residir la mayor fuente de discrepancias y desacuerdos entre ambas partes, porque dada la no prioridad que tiene la enseñanza para el gobierno de Mariano Rajoy, afrontar esos problemas implicaría necesariamente al ministerio de Montoro. En este punto,  el gobierno de Cifuentes, cuyo interés por la educación es puramente coyuntural e instrumental, parece que no va a encontrar excesivas facilidades para alcanzar ese objetivo.

La más inmediata y evidente conclusión que se desprende del actual proyecto de la LEMES es que consolida los recortes y las pérdidas humanas y materiales de los últimos ocho años. Si no se cuenta con una adecuada y sustancial subida presupuestaria, ¿cómo se va modernizar el EMES, si el propio articulado de la LEMES prevé que precisa un notabilísimo incremento del gasto?

Si cerráramos en este punto nuestro análisis, obviaríamos uno de los problemas cruciales que gravitan sobre la LEMES. Incluso en el hipotético -pero perfectamente posible- caso de que el texto actual fuera sustituido por uno que satisficiera los intereses de CRUMA y CAM, subsistiría un tema capital sin resolver, que a su vez implica muchas e importantes derivaciones.

En todo el proceso -y muy especialmente en estas últimas negociaciones-ha quedado meridianamente claro que la CAM y los rectores son los únicos que se consideran representantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto que están habilitados en exclusiva para negociar.

Además de un tema sustancial de procedimiento, que proviene, de la defensa de un modelo gerencial de la Universidad Pública, semejante concepción – compartida por CAM y Rectores – supone igualmente que algunos de los problemas fundamentales, apenas tienen importancia ni cabida, ni en la LEMES, ni en la negociación del nuevo proyecto de ley. Eso explicaría el escaso interés que suscita en los “altos” negociadores algunos de los problemas clave de la Universidad Pública.

Resulta extraordinariamente significativo, a la vez que esclarecedor, que temas de excepcional trascendencia como los perjuicios causados por los recortes en la calidad de la enseñanza, la reducción de personal tanto en PDI como en PAS, las demenciales subidas de las tasas, y reducción de becas que han provocado la exclusión de más de 100.000 estudiantes universitarios, la discusión del modelo de lo que debe ser fundamentalmente una universidad pública, si un servicio público o un negocio rentable, sin olvidarnos de la monstruosa precariedad laboral que lastra como una losa cualquier posible mejora de la universidad, la manipulación tramposa, y muy posiblemente fraudulenta, de las figuras de asociados y visitantes  que ha sido utilizada sin escrúpulos  tanto por las Universidades como por la propia CAM, etc., etc.

Renunciamos a hacer un listado completo -valgan los anteriormente citados como ejemplos -porque sería interminable, pero conviene recordar que la amenaza que se cierne sobre las Universidades Públicas reviste tales dimensiones  que llevó, en  este final de curso a que todos los estamentos, -PDI, PAS y estudiantes -en representación de la comunidad Universitaria, y numerosas asociaciones relacionadas con la enseñanza, con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, en representación de la sociedad civil, firmaran un “ manifiesto contra el proyecto de ley del espacio de educación superior de la comunidad de Madrid  (LEMES)” exigiendo-entre otras cosas “ la elaboración de una ley que se construya junto a la comunidad educativa, garantizando unas condiciones laborales dignas para todo el personal laboral”.

La alergia reiterada a todo lo que lejanamente huela a trasparencia, hace factible -y lo que es más grave, posible- que en breve plazo de tiempo nos encontremos con una redacción de la LEMES, “consensuada “-por CAM y CRUMA- con similares problemas a los planteados por la anterior redacción rechazada, y de la que no sería nada extraño que fuésemos los últimos en enterarnos.

Si esto sucede existen dos opciones:

1) Ser coherentes con lo que firmamos y afirmamos en el manifiesto, y luchar contra una ley que puede suponer el inicio del fin de un modelo de Universidad Pública al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

2) Abdicar de nuestros derechos y obligaciones, aceptando un modelo de Universidad Pública Gerencial al servicio de las empresas, que constituya prioritariamente un atractivo negocio económico, contribuyendo a que la Universidad sea un elemento decisivo en el progresivo aumento de la desigualdad en la sociedad española.

CUPUMA, 5 de septiembre de 2017

www.cupuma.org

Twitter: @cupumad

[1] El texto lo pone la LEMES; la negrita, CUPUMA

[2] Las negritas están incorporadas por CUPUMA.