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Una ley estatal de residencias es imprescindible como Marco Estatal de mínimos para garantizar la calidad de vida y los derechos de las personas mayores y dependientes que viven en estos centros. Dado que expertos y organizaciones coinciden en que el actual modelo de residencias está obsoleto, deshumanizado y no se adapta a las necesidades y preferencias de los usuarios. 
Algunos de los objetivos de una ley estatal de residencias son:
Reducir el tamaño de los centros y crear unidades de convivencia más pequeñas y personalizadas, donde los residentes puedan participar en la gestión de su vida cotidiana. 
Eliminar las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas. 
Aumentar el número y la cualificación de los profesionales que atienden a los residentes, así como mejorar sus condiciones laborales y formativas. 
Implicar a las familias y personas allegadas en el cuidado y el seguimiento de los residentes, así como respetar su voluntad y sus preferencias. 
Fomentar la atención domiciliaria y los centros de día como alternativas a la institucionalización, siempre que sea posible y deseado por las personas. 
Estos son algunos de los aspectos que se pretenden mejorar con una ley estatal de residencias, que aún está pendiente de consenso y desarrollo. 
Sé podría argumentar que una ley estatal es mejor que leyes autonómicas por las siguientes razones:
Una ley estatal garantiza la igualdad y la cohesión entre todas las comunidades autónomas, evitando posibles desigualdades o discriminaciones entre los residentes de diferentes territorios. 
Una ley estatal simplifica y unifica el marco normativo, facilitando su conocimiento y cumplimiento por parte de los ciudadanos y las administraciones. Además, evita posibles conflictos o duplicidades entre las normas estatales y autonómicas. 
Una ley estatal permite una mayor coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como entre estas últimas, favoreciendo la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.
UPLA LA UNIÓN