Categoría: Educación Universitaria

 

CUPUMA INFORMA:

La vorágine de los hechos ha llevado a que el presunto master de la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya quitado todo su protagonismo al intento de la CAM de aprobar una legislación universitaria, la LEMES, concebida como una avanzadilla de una inminente ley estatal.

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CUPUMA INFORMA:

La ofensiva para imponer a cualquier precio, una Universidad gerencial, un tipo de Universidad Pública concebida prioritariamente como empresa, continúa incorporando efectivos.

La ofensiva liderada por la CAM cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas,-sin olvidar el inestimable concurso de algunos partidos políticos y gran parte de los Rectores , para conseguir su objetivo, sin importar los daños colaterales – ni por supuesto, los directos- que semejante proceder puede conllevar.
Hace escasos días, el secretario general de Inditex, Antonio Abril, en su presentación oficial como nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), reclamó “abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las necesidades de la realidad actual.”
Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental de la Conferencia de Consejos Sociales es “unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el papel social de las Universidades Públicas Españolas.”
Abril, -que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa y también diputado del Congreso por el Partido Popular Manuel Pizarro- es, casualmente, también patrono de la fundación del Banco de Santander (CYD),cuyo papel en este asunto, responde claramente a la defensa de sus intereses corporativos.
El mayor problema, para Abril, estriba en que la legislación vigente asocia la autonomía universitaria al autogobierno, lo que le parece inaceptable, y asegura que la autonomía debe suponer libertad de cátedra y de investigación, pero a su juicio, “resulta imprescindible incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades”.
Añade que los campus no deberían estar al “capricho” de sus profesores, y empleados, sino al servicio del contribuyente.
¿Y cómo pretende conseguirlo?. Abril afirma estar convencido de que un aumento de la financiación -absolutamente decisivo hasta para el mas ciego- no serviría de nada si no se reforman previamente las estructuras académicas actuales. Y eso se conseguirá “reforzando el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales” (que los rectores, decanos… puedan tomar decisiones sin tener que someterse al voto del resto de la comunidad académica), “profesionalizar la gestión”; “mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; “potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento” (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y “mejorar la internacionalización”.
Resulta meridianamente claro que los refuerzos de la LEMES no proceden únicamente del exterior, sino que gran parte del enemigo se encuentra en casa, y se pronuncia claramente en contra de la autonomía universitaria, a favor de “profesionalizar” la gestión, y hasta sugiere que haya un complemento especial para quienes registren patentes. Naturalmente defiende la necesidad de “flexibilizar” las políticas de contratación del profesorado -recordemos su incidencia sobre el tema de los profesores visitantes distinguidos-.
Abril es muy explícito, y no tiene empacho en afirmar que los únicos que deben opinar sobre la Universidad  son los Consejos Sociales, creados y mantenidos con un modelo -e incluso personas- similar al de Bankia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación, y en ningún momento -salvo para culparles de todos los males de la Universidad- se tiene en cuenta   la opinión de la comunidad universitaria.
Cada vez parece más evidente que la LEMES es el ensayo general de una legislación universitaria que no pretende limitarse a cambiar el modelo de la Universidad pública en Madrid, sino que aspira igualmente a implantarlo e imponerlo en el resto de la geografía española.
La gran novedad reside en que Abril da un paso más, y se pronuncia directamente en contra de la autonomía universitaria y -coherentemente- prefiere que sean los empresarios – los que defienden y practican la privatización de las ganancias, a la vez que exigen la socialización de sus pérdidas- nombrados por los partidos políticos, los que decidan el destino presente y futuro de la Universidad Pública.
Si no queremos que los rectores y los decanos sean nombrados a dedo. Si consideramos que la contratación de profesorado sin los requisitos elementales de mérito, capacidad y transparencia, y amparado  bajo el eufemismo de la flexibilización de la contratación, será letal para la supervivencia de un modelo de universidad Pública.
Si pensamos que es sumamente pernicioso trasladar a la enseñanza superior el modelo de financiación de la enseñanza obligatoria, con discriminaciones inequívocas a favor de los planteamientos privatizadores.
Si consideramos que, en la Universidad pública, el objetivo debe ser la calidad de la enseñanza y no el aumento de las patentes registradas, ni convertirla en un negocio suculento para “fidelizar” a los amigos.
Si estamos totalmente convencidos de que a quien es imprescindible rendir cuentas es a la comunidad universitaria y no a los dirigentes de bancos rescatados, empresas energéticas asiduas practicantes de las puertas giratorias, concesionarios de autopistas rescatadas que roban y estafan a los ciudadanos, etc., etc., llegaremos a la conclusión de que es preciso impedir con todas nuestras fuerzas semejante  desafuero.
La Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, tiene que hacer oír claramente su voz, y el objetivo común de “Paremos la LEMES” se tiene que convertir en una auténtica realidad. La Universidad Pública debe seguir cumpliendo su función esencial de permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los españoles, al margen de sus posibilidades económicas.
Si conseguimos pararla en Madrid, las posibilidades de que nos impongan una Ley general de universidades,donde el modelo de Universidad publica sea sustituido por una universidad gerencial, en la que las consideraciones empresariales tendrán prioridad sobre  la consideración de servicio público, disminuirán de forma drástica.

2 ago. 2017 – Carlos Andradas y Cristina Cifuentes

 

La paralización provisional de la LEMES como consecuencia de que Rectores que integran  la CRUMA consideraban que la nueva ley autonómica madrileña suponía, tanto una intromisión en sus competencias, como un clarísimo intento de dirigismo que choca con la autonomía universitaria consagrada por la Constitución, dejó la ley en una situación extraña. La distancia que separaba ambas posturas era lo suficientemente grande como para pensar que no iba a resultar nada fácil una aproximación que permitiera encontrar una postura común.

Pero a la vez las dos partes se jugaban mucho, entre otras cosas afianzarse ambas como únicas voces dignas de ser escuchadas y atendidas, así como la defensa de un modelo de Universidad, muy similar en numerosos aspectos, pese a que, en ocasiones, las apariencias o las hipócritas declaraciones, enmascarasen la defensa común de numerosos intereses compartidos, lo cual es compatible con que, puntualmente, existieran discrepancias obvias, que responden, frecuentemente, a descarnadas luchas de poder.

Los hechos parecen demostrar que la CAM tiene un enorme interés – y al parecer también una notable urgencia- por llegar a un acuerdo que haga “viable” la ley, lo que supone que está dispuesta a transigir en temas cruciales y sustanciales que, a priori, dificultaban enormemente la posibilidad de acuerdo.

A lo largo del verano parece ser que se han llevado a cabo reuniones entre representantes de la CAM y los rectores-individualmente o/y en grupo- para tratar de limar los desacuerdos y acercar posturas. La idea inicial era tener listo un texto alternativo para finales de agosto, para que las previsibles protestas de gran parte de la comunidad universitaria -que una vez más ha sido excluida- pudieran minimizarse aprovechando las vacaciones veraniegas.

Pero los intereses defendidos estaban tan alejados que, a pesar de la voluntad entreguista de la CAM, las negociaciones han ido avanzando lenta y trabajosamente.

Remitimos al anterior comunicado de CUPUMA en que se analizaba con amplitud y precisión tanto los desacuerdos como la magnitud de las discrepancias. Con las debidas cautelas a las que obligan unas negociaciones todavía en curso, habría que precisar que los “progresos“ no son homogéneos, y como la CAM está dispuesta a olvidarse de la reforma del Consejo Social, y acepta la exclusión de las Universidades Privadas de la, ya de por sí, muy exigua financiación pública, en esos temas parece que el acuerdo está muy cercano o prácticamente cerrado.

En este tema de las privadas hay que resaltar que las informaciones habría que calificarlas, como mínimo de contradictorias. El día 1 de septiembre se publica en el Bocm ayudas destinadas a la “atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid”. Especificando los que pueden ser posibles beneficiarios dice textualmente “las Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS) así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.” Esto coincide con la actual redacción de la LEMES y parece desmentir tajantemente las reiteradas afirmaciones de la CAM que con dinero público no se financiarían entidades privadas.

Hace escasas fechas CUPUMA afirmaba estar convencida de que lo único que importaba a la CAM era el acuerdo con los rectores, ignorando al resto de la comunidad universitaria, y que por eso siguió adelante con la LEMES, pese a que la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime, e incluía igualmente a rectores de las privadas.

Sin embargo, la financiación general del “espacio madrileño de educación superior” está suponiendo un escollo mucho más difícil de salvar. El tema es crucial, de enorme entidad, con numerosas ramificaciones y que, para resolverse mínimamente, requiere de un dinero que el Gobierno parece dispuesto a destinar a las eléctricas, a Defensa, o a rescatar autopistas, pero en modo alguno asignar a Educación.

Los problemas de financiación en la enseñanza pública vienen de lejos. En lo que respecta a las Universidades Públicas, en el momento actual, la CAM dedica 192 millones de euros menos que cuando comenzaron los recortes, lo cual precisa y cuantifica las dimensiones de la asfixia económica a la que han estado- y aún siguen- sometidas.

Como a estas alturas nadie ignora, la financiación, sobre todo si va acompañada de una adecuada voluntad de intervencionismo, es uno de los medios más eficaces para “convencer” a los receptores del dinero de cuál es la forma más “útil y adecuada “de gastarlo.

Si siempre la financiación es decisiva, la existencia de importantes restricciones económicas, hace que el reparto del dinero se convierta en una -o en numerosas ocasiones, la- baza fundamental para que las Universidades Públicas decidan “aceptar” las “sugerencias” de la CAM, si es que tienen la desmedida pretensión de sobrevivir.

Los redactores de la ley son extremadamente conscientes de las consecuencias de lo que defienden y tratan de imponer: “La financiación pública del sistema universitario se canaliza a través de unas aportaciones que cubran las necesidades básicas de las universidades públicas; y dos fórmulas de financiación variable, mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos de la ley.” [1]

Es fácil comprobar cómo se evita cuidadosamente especificar en qué consisten esas necesidades básicas, y se reconoce que la financiación a través de 1) “contratos programas” y 2) “convocatorias competitivas o de incentivos” abiertas -al menos por el momento- a las universidades privadas, tiene como finalidad señalar y marcar el camino que la CAM pretende imponer a las universidades, por medio de ”la aplicación voluntaria y controlada de las medidas propuestas por CAM”, lo que representa una evidente y explicita intervención en el funcionamiento de las universidades, que lógicamente supone un gravísimo riesgo para la existencia misma de la autonomía de las Universidades Públicas.
En lógica prolongación de la defensa de sus intereses, los rectores tratan de minimizar su dependencia con la CAM, reclamando compromisos de financiación mediante convenios plurianuales, y tratando de que la Comunidad explicite y cuantifique las llamadas “necesidades básicas de las Universidades Públicas”. Y todo hace suponer que ahí puede residir la mayor fuente de discrepancias y desacuerdos entre ambas partes, porque dada la no prioridad que tiene la enseñanza para el gobierno de Mariano Rajoy, afrontar esos problemas implicaría necesariamente al ministerio de Montoro. En este punto,  el gobierno de Cifuentes, cuyo interés por la educación es puramente coyuntural e instrumental, parece que no va a encontrar excesivas facilidades para alcanzar ese objetivo.

La más inmediata y evidente conclusión que se desprende del actual proyecto de la LEMES es que consolida los recortes y las pérdidas humanas y materiales de los últimos ocho años. Si no se cuenta con una adecuada y sustancial subida presupuestaria, ¿cómo se va modernizar el EMES, si el propio articulado de la LEMES prevé que precisa un notabilísimo incremento del gasto?

Si cerráramos en este punto nuestro análisis, obviaríamos uno de los problemas cruciales que gravitan sobre la LEMES. Incluso en el hipotético -pero perfectamente posible- caso de que el texto actual fuera sustituido por uno que satisficiera los intereses de CRUMA y CAM, subsistiría un tema capital sin resolver, que a su vez implica muchas e importantes derivaciones.

En todo el proceso -y muy especialmente en estas últimas negociaciones-ha quedado meridianamente claro que la CAM y los rectores son los únicos que se consideran representantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto que están habilitados en exclusiva para negociar.

Además de un tema sustancial de procedimiento, que proviene, de la defensa de un modelo gerencial de la Universidad Pública, semejante concepción – compartida por CAM y Rectores – supone igualmente que algunos de los problemas fundamentales, apenas tienen importancia ni cabida, ni en la LEMES, ni en la negociación del nuevo proyecto de ley. Eso explicaría el escaso interés que suscita en los “altos” negociadores algunos de los problemas clave de la Universidad Pública.

Resulta extraordinariamente significativo, a la vez que esclarecedor, que temas de excepcional trascendencia como los perjuicios causados por los recortes en la calidad de la enseñanza, la reducción de personal tanto en PDI como en PAS, las demenciales subidas de las tasas, y reducción de becas que han provocado la exclusión de más de 100.000 estudiantes universitarios, la discusión del modelo de lo que debe ser fundamentalmente una universidad pública, si un servicio público o un negocio rentable, sin olvidarnos de la monstruosa precariedad laboral que lastra como una losa cualquier posible mejora de la universidad, la manipulación tramposa, y muy posiblemente fraudulenta, de las figuras de asociados y visitantes  que ha sido utilizada sin escrúpulos  tanto por las Universidades como por la propia CAM, etc., etc.

Renunciamos a hacer un listado completo -valgan los anteriormente citados como ejemplos -porque sería interminable, pero conviene recordar que la amenaza que se cierne sobre las Universidades Públicas reviste tales dimensiones  que llevó, en  este final de curso a que todos los estamentos, -PDI, PAS y estudiantes -en representación de la comunidad Universitaria, y numerosas asociaciones relacionadas con la enseñanza, con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, en representación de la sociedad civil, firmaran un “ manifiesto contra el proyecto de ley del espacio de educación superior de la comunidad de Madrid  (LEMES)” exigiendo-entre otras cosas “ la elaboración de una ley que se construya junto a la comunidad educativa, garantizando unas condiciones laborales dignas para todo el personal laboral”.

La alergia reiterada a todo lo que lejanamente huela a trasparencia, hace factible -y lo que es más grave, posible- que en breve plazo de tiempo nos encontremos con una redacción de la LEMES, “consensuada “-por CAM y CRUMA- con similares problemas a los planteados por la anterior redacción rechazada, y de la que no sería nada extraño que fuésemos los últimos en enterarnos.

Si esto sucede existen dos opciones:

1) Ser coherentes con lo que firmamos y afirmamos en el manifiesto, y luchar contra una ley que puede suponer el inicio del fin de un modelo de Universidad Pública al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

2) Abdicar de nuestros derechos y obligaciones, aceptando un modelo de Universidad Pública Gerencial al servicio de las empresas, que constituya prioritariamente un atractivo negocio económico, contribuyendo a que la Universidad sea un elemento decisivo en el progresivo aumento de la desigualdad en la sociedad española.

CUPUMA, 5 de septiembre de 2017

www.cupuma.org

Twitter: @cupumad

[1] El texto lo pone la LEMES; la negrita, CUPUMA

[2] Las negritas están incorporadas por CUPUMA.

 

 

Hay un dicho popular que asegura que las mentiras tienen las patas cortas. En este país, donde demasiados datos pueden hacer pensar que desafortunadamente eso solo se cumple en muy escasas oportunidades, hay ocasiones en que la verdad se cuela por las rendijas, dejando a la intemperie, y sin protección a los profesionales del disimulo, de las medias verdades, del eufemismo, y en (numerosas) ocasiones del falseamiento puro y duro de los hechos.

 

La airada y desproporcionada reacción de que hicieron gala, tanto desde el Rectorado de la UCM, como en la consejería de Educación de la CAM, ante el último comunicado “El asalto final” de CUPUMA, suponía un síntoma evidente de que nos habíamos acercado peligrosamente a la realidad tanto en nuestras certezas, como en nuestras -bien fundadas- suposiciones y conclusiones. Los datos han venido a darnos la razón pese al escaso tiempo transcurrido. A finales del mes pasado, la CAM empezó a distribuir su borrador de la ley de Universidades [1], con cuentagotas que –en oposición a la política de opacidad de los de siempre- nosotros hemos querido adjuntar al presente documento. Finalmente “el borrador que nunca existió” apareció y era real.

 

Su difusión ha servido para poner de manifiesto algunas “inexactitudes” en la versión previa de los hechos que habían mantenido algunos de los afectados. Para empezar la CAM desmiente la versión del Rector, y confirma la de CUPUMA:” Para el estudio de las líneas de reforma de la educación superior la Consejería de Educación, Juventud y Deporte pidió la colaboración de las universidades madrileñas, a través de los representantes que estas designaron, así como de distintos expertos y representantes de los estudiantes, a los que convocó para contrastar su parecer en diversas sesiones celebradas entre los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016”.

 

Pero eso no es todo: En una entrevista publicada el pasado día 2 de Julio[2],- cuando ya hasta CUPUMA tenía en sus manos desde días antes el borrador de la nueva ley -, el Rector Andradas, inasequible al desaliento, respondía impertérrito a la pregunta:

 

“-La Comunidad de Madrid debe estar a punto de sacar el borrador de la nueva ley de universidades de la región. ¿Qué sabe de él?

 

-No creo que estén a punto de sacarlo, en ese caso algo nos habría llegado. Solo sabemos que la Dirección General de Universidades hizo reuniones a las que nos invitó. A algunas enviamos personas y a otras no porque teníamos nuestras diferencias con la universidades en cuanto a presupuestos, y les dijimos que mientras no se resolvieran determinadas cosas no acudiríamos a reuniones oficiales.”

 

¿Qué cabría decir ahora del rotundo “No hay negociación” con el que el Rector pretendía descalificar a CUPUMA.?

 

CUPUMA se siente en la obligación de expresar su más rotundo desacuerdo con un texto- que el Consejero pretende tener cerrado a finales de año- que supone la confirmación del asalto final. Una ley que si consigue llevar a buen término sus pretensiones supondrá un golpe mortal para lo que se entiende -y entendemos- por Universidad Pública, y que reducirá a su mínima expresión tanto la democracia como la autonomía de las Universidades, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, como un Derecho Fundamental.

 

Que este proyecto de ley-como los últimos decretos- se conozca en pleno mes de Julio enlaza con la convicción franquista de que las leyes conflictivas en educación hay que plantearlas en época de vacaciones, y el PP siempre se ha distinguido por ser un fiel seguidor de aquellas “costumbres” que han demostrado su utilidad en el pasado.

 

La actual situación política del país, ha llevado al PP a la convicción de que será muy difícil que pueda volver a gobernar en solitario en España, y por tanto resulta apremiante llegar lo más lejos posible en la planificada privatización de lo público y profundizar en la acelerada trasformación de la educación en terreno abonado para el saqueo de unos pocos y en un próspero negocio para  financiadores y “amigos”.

 

El proyecto, con claras muestras de haber sido retocado  apresuradamente, está repleto de aparentes contradicciones. Por ejemplo, aboga por la participación de todos, pero deja claro que tanto en su concepción, como en su futura concreción no ha contado -y no piensa contar- más que con unos pocos – y muy cuidadosamente elegidos –privilegiados “colaboradores”.

 

El rechazo de CUPUMA obedece a un doble motivo. De una parte por razones de procedimiento, y de otra por desacuerdo radical con su contenido. Siempre hemos sido partidarios de un proceso participativo, y por tanto contrarios a un simulacro con apariencia participativa. Resulta muy fácilmente detectable la herencia franquista en la utilización de las vacaciones, que garantiza tanto escasa difusión, como  muy poca -y nada organizada- participación, descartando definitivamente un proceso participativo, ordenado y con verdaderas garantías.

 

Respecto al contenido, CUPUMA se compromete –y pide a todos los interesados que colaboren con su aportación- a enviar en el plazo de un par de semanas un análisis pormenorizado de los contenidos del texto, que contribuya a clarificar sus objetivos, y favorezca la obligada discusión, con la presencia de todos los estamentos, estudiantes, PAS, y PDI.

 

Resulta imprescindible que en los primeros días de septiembre, entre tod@s decidamos sobre la manera más idónea y eficaz de defender  la Universidad Pública, no ya de presuntas amenazas futuras, sino de ataques presentes y asaltos reales e inminentes.

__________________

[1]  Nos parece contribuir a la desinformación utilizar el pomposo, falso  y eufemístico título que le da la CAM: La Modernización Del Espacio Madrileño De Enseñanza Superior.

[2]  http://www.eldiario.es/sociedad/reforma-UCM-titulaciones-puestos-trabajo_0_531597648.html

 

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)

En http://www.cupuma.org/ puedes encontrar:

• Un comunicado de algunos profesores de las universidades de Madrid.

• Borrador: LA MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR.