La Red Estatal de Defensa del Derecho a la Educación Inclusiva (REDIN) es una plataforma española formada por entidades, profesionales, familias y personas que defienden que los alumnos con discapacidad tengan garantizado el derecho a estudiar dentro del sistema educativo ordinario, con los apoyos y adaptaciones que necesiten.
No es una administración pública ni un organismo oficial del Estado. Es una iniciativa de defensa de derechos.
¿Por qué está apareciendo ahora?
Porque actualmente está interviniendo en un asunto legislativo bastante concreto. REDIN, junto con la Asociación Segundo Maestro, está reclamando que se modifiquen o rechacen determinadas enmiendas introducidas durante la tramitación en el Senado de la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre derechos de las personas con discapacidad.
Su preocupación es que esas modificaciones puedan facilitar que la discapacidad determine que un alumno sea escolarizado en modalidades separadas, en lugar de obligar al sistema ordinario a proporcionar los recursos y apoyos necesarios.
Su planteamiento, resumido, es:
No debe ser el alumno quien tenga que adaptarse a un sistema que no dispone de recursos; debe adaptarse el sistema para que el alumno pueda participar en él.
Esto está relacionado con el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a un sistema educativo inclusivo. También la legislación española ya recoge el principio de educación inclusiva.
Aunque parte de la discusión actual se está produciendo especialmente alrededor de alumnado con autismo y otras discapacidades, el planteamiento de REDIN afecta al conjunto del alumnado con discapacidad, incluida la discapacidad sensorial o visual.
Por ejemplo, una cuestión fundamental sería:
¿Debe un niño con discapacidad visual poder permanecer en un colegio ordinario si, con los apoyos, recursos tecnológicos, adaptaciones y personal especializado necesarios, puede desarrollar allí su educación?
La filosofía de REDIN responde que sí, y que la falta de recursos del centro no debería convertirse por sí sola en motivo para separar al alumno.
Esta red no se limita a reivindicar ayudas económicas, sino que está planteando la cuestión desde la perspectiva de derechos exigibles.
Rellena y firma el documento:
