Interinos e interinas con precariedad laboral perpetuada desde la Administración

Interinas e interinos de la enseñanza pública son mano de obra barata que gira en la “rueda de la precariedad” desde hace décadas. El Gobierno tiene la obligación de velar que se cumpla la ley y que no se genere “precariedad” en ningún ámbito público o privado, pero es el propio Gobierno, el mayor generador de la misma y quien incumple la ley y menosprecia al trabajador.

El acceso a la docencia es por concurso-oposición, pero proliferan las ilegalidades e irregularidades:

  • Aprobar no garantiza la plaza y no exime de examinarse una y otra vez.

 

  • Las reglas del juego son modificadas cambian continuamente, ya que el baremo se cambia sin sentido alguno, de modo que lo que un año es requisito imprescindible, al siguiente no vale nada.

 

  • Los procesos carecen absolutamente de transparencia, y  aunque es obligatorio que se conozcan previamente los “criterios de evaluación”este requisito se incumple continuamente.

 

  • La ley 30/1992, la Orden 1285/1999, y normas específicas de cada Comunidad Autónoma, reconocen el “derecho del opositor a defensa y consulta de sus exámenes” y establece plazos de reclamación y subsanación. Se producen con frecuencia casos donde a los opositores, a pesar de solicitar la revisión de sus exámenes, para su revisión, no se les ha permitido verlos.

 

  • Se convocan oposiciones con masificación de aspirantes y escasez de plazas. Ejemplo: Madrid, maestros en 2015, casi 23.000 aspirantes, 580 plazas para 7 especialidades. (Por ejemplo, en primaria había 4.843 aspirantes, 50 plazas y 81 tribunales. Es decir, 0,61 plazas por Tribunal). Sin embargo solo en el primer llamamiento de interinos que hizo la Consejería de Educación de la CAM para el curso 2015/16 se cito a 5.023 personas

Respecto a la contratación de personal interino, igualmente se producen incontables irregularidades que afectan tanto a la formación de listas, los llamamientos, y  las adjudicaciones.

Irregularidades que se cometen en la contratación:

  • La Ley RECONOCE Y EXIGE, igualdad laboral y económica entre funcionarios e interinos: los interinos no cobran trienios, sexenios, meses de verano, según la Comunidad Autónoma.

 

  • No se reconocen títulos oficiales otorgados por Universidades Públicas Españolas, mientras se exigen títulos de Universidades y Academias privadas cuyo coste oscila entre 4.800 a 6.000 euros.

 

  • Un título como “Magisterio Lengua Extranjera Inglés” que permite acceder a puestos de maestros bilingües en EEUU, Irlanda, Escocia, etc, sin embargo, no lo permite en ciertas Autonomías como Madrid. Otra ironía, sirve en Seseña (Toledo), no en Valdemoro (Madrid). Mientras, se contrata a “Auxiliares de Conversación”, sin titulación con becas y convenios muy lucrativos para entidades privadas.

 

  •  En algunas Comunidades Autónomas se hacen contratos de 1/2, 1/3, 1/5,  de jornada. interrupción de contrato en puentes, vacaciones de Navidad, Semana Santa…, etc, para evitar pagar esos periodos.

 

  • Otro ejemplo de precariedad especialmente inaceptable es el de puestos en “Escuelas Públicas de Titularidad Española en el Exterior”.Tras acceder a un listado de interinos y cumplir múltiples requisitos, pueden ofrecerte una vacante o una sustitución, desde el Ministerio de Educación. En el caso de los interinos/as sin ayuda alguna de desplazamiento, vivienda, ni garantía de escolarizar allí a tus hij@s, y con un sueldo entre 1600-1700 euros. Un funcionario de carrera también opta a estas plazas por otro acceso pero, cuenta con ayudas de desplazamiento, ayuda para vivienda,  y garantía de escolarizar a sus hij@s en ese centro. Sueldo como funcionario de carrera, superior a 6000 euros/mes.

Profesores como los de “religión” de la escuela pública no sufren semejante maltrato y discriminación, tienen estabilidad, contratación indefinida y entran sin oposición, puesto que son designados por la Conferencia Episcopal. Estos profesores son pagados con “dinero público”.

Estas ilegalidades e irregularidades se cometen en mayor o menor grado, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, independiente de que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista.

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