El 28 de abril Asamblea Marea Verde presentó el Documento para una Nueva Ley de Educación a los partidos del Congreso de los Diputados.
Nuestra premisa no puede ser otra que el Derecho a la Educación es un Derecho Universal y debe ser garantizado y preservado por los Poderes Públicos, y la sociedad en su conjunto. Por ello la política educativa es cosa de tod@s es “una política pública, y debe ser “discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”. Por ello ahora el reto más importante a la hora de redactar un Proyecto de Ley, es desbordar una concepción restringida y rígida, y construir entre tod@s y para tod@s una nueva Ley Educativa, de manera que derive en una actividad colectiva, abierta a la participación desde su concepción, que aborde su elaboración desde el cuestionamiento crítico del estado actual de la Educación.
Desde La Marea Verde entendemos que la estabilidad de la ley será posible si se habilitan vías para la participación de la sociedad y la comunidad educativa, para adaptarla de una manera realista, flexible y democrática a las micro-realidades sociales, culturales, ambientales, territoriales y se dota a la ley de mecanismos para ello.
Asimismo, deberá estar centrado en el alumno/a y su educación integral, desde una óptica radicalmente democrática. Una ley que no favorezca idearios particulares, intereses especulativos, o la financiación, con presupuesto público de modelos segregadores, bien al contrario sus principios deben ser guiados por los ideales inspiradores de nuestra Carta Constitucional, y recogidos en la Legislación Internacional, Declaración de derechos humanos y de la Infancia: igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación.
Pero sólo puede avanzarse en unas condiciones dignas, y por ello es preciso la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos vuestro compromiso y el compromiso de todos y todas por mejorarlo.
El derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, con sistema educativo garantizado por una red de centros públicos, así como la eliminación progresiva de los conciertos[i] educativos.
Entendemos que el sistema educativo debe compensar las desigualdades y que la finalidad de la Educación ha de ser el desarrollo integral de la persona a través de todas las inteligencias y capacidades individuales y colectivas frente al actual modelo mercantilista. Con desarrollos normativos y dotación presupuestaria que permitan la gratuidad también de los materiales en todas las etapas educativas, becas, transporte y comedor, teniendo especial relevancia en el contexto rural.
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